Cara y cruz de las ayudas a autónomos en Andalucía: un balón de oxígeno con 500 millones menos

El anuncio del Gobierno de España de que Andalucía recibiría 1.109 millones de los 7.000 destinados a ayudas directas para pymes y autónomos fue celebrado como un triunfo. El problema fue que cuando en marzo se publicó el Real Decreto que las regulaba se frustraron las expectativas de las comunidades autónomas y afectados. En primer lugar, la normativa dejaba fuera a multitud de sectores, circunscribiéndolas a las actividades incluidas como anexo, centradas en el comercio, el turismo, restauración o la aeronáutica.

Los exigentes requisitos fueron otra de las barreras que las autonomías, encargadas de su gestión, encontraron para poder entregar la totalidad de los fondos para solvencia empresarial que tenían asignados, con cantidades que oscilan entre los 3.000 euros para autónomos y los 200.000 para empresas, en función de su facturación. Inicialmente, debían tener pérdidas de hasta el 30% en 2020 respecto al año anterior; y no haberlas tenido en 2019, dejando fuera a muchos autónomos pese a la emergencia económica.

La escasa incidencia de las ayudas provocó las quejas de los gobiernos y las asociaciones de autónomos. Ante el fracaso en unas ayudas vitales, se consiguió flexibilizar las exigencias y ampliar los plazos. También se incluyeron los gastos fijos entre las cuantías que podían reclamarse. Eso permitió entrar en la convocatoria a personas como Patricia G., cuyo negocio en Sevilla tuvo que cerrar provisionalmente a causa del confinamiento decretado en marzo de 2020. Sus ingresos cayeron y, aun así, pudo mantenerse «tirando de nuestros ahorros». «Tú no dejas a la gente sin cobrar. Como autónomo tienes miedo al qué pasará e intentas no pedir dinero a ninguna entidad», relata.

Ella misma se encargó de tramitar la solicitud, dividida en dos fases: en la primera, debía obtener el visto bueno de la Agencia Tributaria para indicarle si cumplía o no lo s requisitos. En caso de rechazo, no se podía completar el segundo, que sí requería aportar las facturas de cada gasto imputable, una tarea más ardua. En su caso, la respuesta fue positiva y le ha permitido reponerse en parte de la parálisis por la pandemia, que la obligó cerrar varias semanas y a reducir la plantilla. Para facilitar el acceso a las ayudas, la Junta amplió la CNAE hasta 433 actividades, abriendo las opciones. En su opinión, el decreto era «farragoso, tenías que leértelo muy bien para entenderlo», y complicaba el acceso a unas subvenciones que primaban a quienes acumulaban deudas frente a otros que, como ella, fueron cumpliendo con todas sus obligaciones recurriendo a sus ahorros.

La modificación de las reglas permitió a muchos autónomos incluir gastos fijos como la cuota mensual de alta, la luz, el alquiler o el teléfono. A falta de cerrar el plazo de notificación, que acaba el 31 de diciembre, se han concedido 554 millones, según datos aportados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, que estima se alcanzarán los 600 millones cuando se terminen de resolver los expedientes que todavía quedan pendientes. Eso significa que el porcentaje de concesión de subvenciones superará el 54%. Desde ATA calcularon que uno de cada cinco autónomos no han podido concurrir a estas ayudas pese a presentar una evidente caída en sus ingresos.

José Luis Delgado, propietario de la papelería Lasso en Jerez de la Frontera, recibió la ayuda de 3.000 euros. Su actividad sí estaba incluida desde el principio y celebra que esa cantidad «nos ha servido para seguir a flote. Estamos en paz, ya lo pagamos todo». Su negocio formaba parte de la actividad esencial decretada en el confinamiento y pudo seguir abierto, pero las ventas se vieron afectadas por el cierre de oficinas a las que servía material. Para salvar la situación pidió un crédito ICO de 14.000 euros. «Me ayudó para ir pagando y ponerme al día con los proveedores», reconoce, ya que ellos también «nos retrasaron los pagos» para amortiguar el golpe que supuso la pandemia.

El cálculo de la Junta es que solo el 20% de los autónomos las han solicitado y, por tanto, tendrán que devolver al Gobierno los más de 500 millones que quedarán sin adjudicar. Canarias, por ejemplo, ha repartido la totalidad de esos fondos porque en sus condiciones figuraba que podían dar ayudas de hasta cinco millones a una misma empresa, frente a los 200.000 euros con los que se ha limitado al resto de comunidades. Los autónomos representan en Andalucía el 17,7% del total de afiliaciones, que superaban en septiembre los 3,16 millones. De entre los autónomos, el 18% tiene algún trabajador contratado. Para evitar el fracaso de las ayudas, Andalucía incluso flexibilizó los requisitos, suprimiendo el requerimiento de pérdidas del 30% para pymes, según detalla la Consejería, que amplió sucesivamente el plazo para fomentar las peticiones y lo mantuvo abierto hasta el 15 de noviembre.