La Junta cree que el Gobierno ha abierto un «debate en falso» con la financiación

«No nos gusta ni la letra ni la música». Es la posición de la Junta de Andalucía sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda relativa a la reforma del modelo de financiación autonómica, que prima la variable de la población ajustada en el reparto de recursos a las comunidades autónomas. Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, consideró que el Gobierno ha abierto un «debate en falso» con este asunto, puesto que «obligar a las comunidades a pronunciarse sobre un único aspecto es un intento de alentar la confrontación entre territorios». Los grupos de la oposición ya tienen un documento de 40 páginas con las aportaciones del Gobierno andaluz a la propuesta del departamento que dirige María Jesús Montero. En este sentido, Bendodo hizo un llamamiento a las fuerzas con representación parlamentaria para «remar en el mismo sentido» y articular una posición común en torno a un modelo de financiación «más justo». Una petición que va en la línea de la reclamación que planteó el Parlamento andaluz para financiar a la comunidad autónoma con 4.000 millones de euros más.

Según el consejero, la propuesta no plantea «ninguna cifra». «Nos preocupa la reforma de un sistema de financiación injusto, que va con mucho retraso», aseguró. De hecho, se formuló el 2009 y su vigencia expiró en 2014.

Bendodo exigió la convocatoria «urgente y cuantas veces sea necesario» del Consejo de Política Fiscal y Financiera, además de pedir un fondo transitorio que «tapone la sangría de las comunidades infrafinanciadas». Este último extremo es compartido con las comunidades de Valencia y Murcia.

Por su parte, la Consejería de Hacienda señaló que la propuesta del Gobierno «se limita a analizar el concepto de población ajustada sin dar a conocer los detalles del nuevo modelo», de manera que en el caso de Andalucía le «impide saber cómo quedaría en el nuevo reparto que debe solucionar la infrafinanciación que arrastra», que cuantifica en «un déficit de recursos de 800 millones anuales de media en términos de habitante ajustado».

«El documento aportado por el Ministerio genera incertidumbre porque no aclara si la población ajustada es un criterio más de reparto o por el contrario va a ser el único criterio atendiendo a una estructura de fondos más sencilla y transparente», aseguró.