El principal acusado en el tercer juicio ERE se escuda en que la Junta no le avisó de ninguna ilegalidad y en su “ruina” actual

El principal acusado en el tercer juicio de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía, un empresario de Cazalla de la Sierra (Sevilla) que llegó a ser alcalde de esa localidad y que es hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla, se ha escudado en sus múltiples conversaciones con los altos cargos con quienes tramitó varias ayudas a empresas del sector del corcho para señalar que no tenía “absolutamente ninguna duda” de que todo el proceso fue legal. Ángel Rodríguez de la Borbolla también se ha parapetado en la “ruina” que esos negocios le causaron.

“Hablé con consejeros, viceconsejeros, directores generales de Trabajo, directores generales del IFA... Y nadie me hizo indicación de que alguna de estas cosas pudiera ser ilegal. Si esto me lo plantea un señor consejero, yo duda no puedo tener absolutamente de nada”, ha dicho el acusado ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, que a lo largo de este miércoles va a desarrollar el interrogatorio de los cinco procesados.

De Rodríguez de la Borbolla, por ejemplo, ha escuchado que fue él quien gestionó las ayudas de la Junta para cinco empresas del corcho y que fue él quien redactó los planes de viabilidad, aunque en las actuaciones no consta ninguno que siga los requisitos exigidos por la ley. “Los hice yo con mis conocimientos”, ha recordado Rodríguez de la Borbolla, quien ha calificado como “un desastre” la documentación que consta en la investigación judicial. “Los planes que hay ahí son parciales, están mezclados...”, ha comentado. Aunque después, cuando el presidente del tribunal le ha preguntado si guardaba los planes que él confeccionó, ha respondido que no porque “hace ya mucho tiempo”.

El encausado también ha garantizado que existió una solicitud de ayuda, que él entregó a una secretaria del director general de Trabajo, y que las empresas “reunían los requisitos” que pedía la Administración para recibirlas porque “no había ninguna otra en Andalucía dedicada a la transformación y comercialización del corcho” y, además, estaban en crisis. Ahora bien, cuando pidió a los bancos un préstamo puente, a la espera de que la Junta pagase, sólo pudo presentar “la resolución del director general” porque no tenían “ninguna otra documentación”.

También ha reconocido que parte de los 8,4 millones que consiguió ese conglomerado empresarial, cuyo eje eran Cortansa y Corchos de Cazalla, fueron destinados a “pagar deudas con Hacienda y la Seguridad Social y pagar a acreedores”. Y ese destino de los fondos, además, estaba “absolutísimamente justificado” a pesar de que la Junta “no pedía justificación”. En todo caso, el propio acusado ha admitido que en este sentido no presentaron “nada”. “Pero cumplí al 100% las obligaciones con la Administración”, ha matizado.

“Las empresas mantuvieron la economía de dos pueblos durante los años en que funcionaron. Llegaron a tener 187 puestos de trabajo en la zona más deprimida de la provincia y la segunda de Andalucía”, ha rememorado el procesado, quien ha negado cualquier relación más allá de la profesional con el ya fallecido Javier Guerrero, el director general de Trabajo clave en todo el entramado de los ERE, o cualquier conocimiento de los convenios entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA).

También ha dicho que “no hubo un solo socio” de esas empresas “que cobrara un solo euro ni de beneficio ni de dividendos” y ha añadido que, en su caso, gestionó otros muchos negocios (compra y venta de ganado, turismo rural, muebles...) y “nunca jamás” pidió una ayuda para esos sectores. Y en el caso del corcho, para el que sí pidió dinero público, las aportaciones que tuvieron que realizar otros socios y él mismo “causaron la ruina de más de uno”.

Rodríguez de la Borbolla también ha defendido al actual alcalde de Cazalla, Sotero Martín, que de hecho ha sido el tercer acusado en declarar. “Fue simplemente un empleado de Cortansa. Si entró en el consejo de administración fue a petición mía”, ha afirmado. Martín, por su parte, ha corroborado esa versión y ha relatado que él entró en Cortansa para llevar su contabilidad en abril de 2002. “Es un error que figure como miembro del consejo en 2001″, ha alegado.

“Conocí las ayudas de 3 millones a Corchos de Cazalla sólo a título de registro contable”, ha recordado Martín, quien ha negado cualquier participación en la tramitación de esas subvenciones públicas. “No conocía ni el plan de viabilidad ni la memoria, los he conocido en el procedimiento judicial. Nunca he hecho una solicitud de una ayuda”, ha reiterado.

En cuanto a la asociación que la Guardia Civil efectuó entre su afiliación al PSOE y su presunta vinculación con los hechos, Martín ha respondido con contundencia: “Sentí una indignación tremenda con el atestado. Entre 2001 y 2007, mientras trabajé para estas empresas, no tuve ningún cargo orgánico. Sólo era secretario general del PSOE de Cazalla, que tenía 26 afiliados, cuando se instruyó este asunto”.