Los peritos del Estado vuelven a desnudar la cruda realidad de los ERE de la Junta

Los interventores hablan de “documentación prácticamente nula”, “cierta prisa para conceder las subvenciones” y “ningún papel” que aclarase cuál era el destino de los fondos públicos

Ángel Turrión, con el brazo en alto, flanqueado por Eduardo Vilaseca y Rosa Hernández durante el juicio del procedimiento específico
Ángel Turrión, con el brazo en alto, flanqueado por Eduardo Vilaseca y Rosa Hernández durante el juicio del procedimiento específico FOTO: Efe

Los interventores del Estado que diseccionaron las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía para, presuntamente, sufragar los ERE de cientos de empresas durante la primera década de este siglo regresaron este martes a la Audiencia Provincial de Sevilla y, como ya hicieron durante el juicio de la pieza política, ofrecieron un rotundo diagnóstico de cómo se otorgaron aquellas ayudas: con una documentación «prácticamente nula», sin que los beneficiarios ni tan siquiera las solicitaran, con «prisa» y sin ningún tipo de control por parte de la Administración del uso que las empresas o los empresarios hicieran de esos fondos públicos.

Con esa crudeza se manifestó Ángel Turrión, el jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que en su nombre y el de sus compañeros Rosa Hernández y Eduardo Vilaseca compareció ante la Sección Cuarta de la Audiencia sevillana para explicar su trabajo en la pieza separada relativa a las ayudas que el Gobierno andaluz dio a varias empresas del sector del corcho. Según Turrión, la documentación concerniente a estas subvenciones era «prácticamente nula», con la salvedad de algún informe y «alguna memoria sin firmar ni fechar». «Es una documentación muy escasa al no existir solicitud ni compromiso del beneficiario para la realización de alguna actividad, ni concesión como tal, ni justificación de la subvención ni control de la Junta de esos fondos públicos», explicó.

Todas las subvenciones, además, tenían como «denominador común» que el objeto de las empresas en cuestión «o no estaba definido o lo estaba de una forma tan genérica que no puede considerarse objeto», un defecto de forma y fondo que «impide cualquier control de su seguimiento» por parte de la Administración.

Turrión también se detuvo en los supuestos informes de viabilidad de dos de las sociedades ayudadas por la Junta, Cortansa y Corchos de Cazalla, ambos «sin firmar ni fechar», con lo que «no se sabe en qué año» se hicieron. «Esa memoria no es justificación de nada», afirmó. Estas empresas recibieron en primer lugar 1,2 millones de euros y, según el convenio firmado entre la Consejería de Empleo y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), deberían haberse fusionado en seis meses, pero esa unión «no existió ni en 2001 ni en 2002 ni en 2003». Y en 2004, cuando cada una de ellas volvió a conseguir 600.000 euros «para un objeto tan difuso como su fusión definitiva», tampoco esta existió.

A los peritos también les llamó la atención que todas las ayudas, traducidas a pesetas, eran «cifras redondas», por no hablar de que «una parte» de ese dinero se destinaba a las deudas que las empresas mantenían con la Seguridad Social o Hacienda. En cualquier caso, «no consta en ningún papel cuál fue el destino de los fondos», apostilló Turrión.

Tras la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones de la Junta y el PP-A, la única defensa que preguntó a los peritos fue la del principal acusado, Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla). Durante ese interrogatorio, marcado por la evidente tensión entre el letrado y el presidente del tribunal, los peritos fueron muy claros al ser cuestionados por los avisos que pudieron emitir los interventores de la Junta... o la falta de avisos. «No creo que ninguna alarma pudiera ser conocida entre los beneficiarios, ninguno tiene por qué conocer el funcionamiento interno de una Administración. Otra cosa es que el beneficiario seguro que sabe que la ayuda hay que solicitarla, que a cambio debe cumplir alguna obligación, que debe justificar el importe y que un organismo público va a controlar el uso de los fondos», replicó Turrión.

En cuanto al supuesto plan de viabilidad, el interventor estatal insistió en que el documento que figura en la causa «no se parece» a eso porque en él «no hay una sola palabra» sobre actuaciones para reducir costes, aumentar ingresos o ampliar la cuota de mercado. Y sí, en cambio, «acciones exclusivamente societarias o financieras». «Parece un documento hecho para vender la sociedad», dijo.

Turrión, además, habló de «cierta prisa en conceder esas subvenciones», firmadas apenas uno o tres días después del sellado del convenio marco entre la Consejería y el IFA, y las asoció a «necesidades urgentes de tesorería» de las empresas beneficiarias.

Una vez concluida la pericial, mañana miércoles declararán los acusados en esta causa y el tribunal confía en que el jueves se pueda proceder a la lectura de las conclusiones definitivas y los informes, de modo que el juicio quede visto para sentencia ese mismo día.