Las defensas del caso ERE insisten: no existió “conciencia de ilegalidad”

El tercer juicio de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía, relativo a los 8,4 millones de euros que recibieron varias empresas del sector del corcho de Sevilla, quedó este lunes visto para sentencia en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla. En la última sesión, dedicada a los informes de las defensas, el mensaje casi transversal que dejaron los letrados de los principales acusados volvió a consistir en que en sus clientes no existió “conciencia de ilegalidad” respecto a las subvenciones que lograron porque era impensable que el Gobierno autonómico dictase “resoluciones ilegales”.

El primero en intervenir fue el letrado de Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano de un expresidente de la Junta. Adolfo Cuéllar solicitó su absolución y, subsidiariamente, trece meses y medio de prisión en caso de condena. Después lamentó que “en este tipo de juicios” sobre supuesta corrupción en la Junta “parece que el plenario sobra” y que los acusados “han constituido una organización para engañar a la Administración”. “Plantear cualquier posibilidad de engaño de mi cliente a la Administración es ajeno a la realidad”, replicó Cuéllar, quien basó gran parte de su informe en esa falta de “conciencia” de estar cometiendo una supuesta “ilegalidad”. “Nadie sabía nada de ilegalidad en la Administración y en ningún sitio se publica ninguna ilegalidad. Plantear como hipótesis que la Administración va a dictar órdenes ilegales es inviable. Es imposible que la Administración dicte resoluciones ilegales”, alegó.

Tanto Cuéllar como el representante de Sotero Martín, actual alcalde de Cazalla y contable de una de las empresas del corcho en los años de los hechos, también movieron su discurso alrededor de la jurisprudencia del Supremo respecto a los acusados como cooperadores necesarios de un delito. “Es imposible que se enjuicie a un partícipe si no se enjuicia al autor”, dijo Cuéllar, en referencia a los altos cargos del Gobierno andaluz condenados en la pieza política y eximidos de las piezas separadas. “Si en la sentencia del procedimiento específico no se mencionaba a ninguno de los procesados aquí, ni siquiera deberían haberse sentado en este banquillo”, respaldó su compañero.

El defensor de Rodríguez de la Borbolla también recordó que esas empresas crearon unos 170 puestos de trabajo en la Sierra Norte de Sevilla y eso, en una comarca tan deprimida, “equivale a una empresa de 2.000 o 3.000 trabajadores en cualquier gran ciudad”. Además, eran empresas transformadoras del corcho “únicas en Andalucía”, aunque “por el atestado de la Guardia Civil se queda el mantra de que las ayudas sólo se dieron a Sevilla”, agregó.

El abogado, además, insistió en que los planes de viabilidad realizados por su cliente cuando pidió la ayuda, porque “por supuesto que se presentaron solicitudes y planes de viabilidad”, resultaron “manipulados y mutilados” durante la investigación judicial. “La Junta decidió no tomar todas las medidas de precaución necesarias, pero los socios realizaron aportaciones dinerarias y se cumplió con la finalidad principal de estas ayudas, que era salvar a empresas en crisis”, añadió.

“Este señor se ha arruinado poniendo dinero para salvar estas empresas”, prosiguió Cuéllar, quien se preguntó “cuál es la resolución prevaricadora” por la que se le acusa de este delito. “Los convenios de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y el IFA”, de donde provenían los fondos, “los firman esas administraciones y no los beneficiarios”, reseñó.