Subasta pública en Andalucía de una treintena de suelos y activos valorados en más de 80 millones

Durante años, el entonces presidente Chaves repitió como un soniquete el sintagma “deuda histórica” -en realidad, creación de IU para llamar a un precepto estatutario recogido en la a Disposición Adicional Segund-para reclamar al Estado, principalmente con los Gobiernos del PP, el pago de una serie de millones que supuestamente se debía a los andaluces. Gobierno y Junta pactaron el pago de 1.204 millones en 2009. La “deuda histórica” proviene del primer Estatuto andaluz, donde se recogía que Andalucía tenía que percibir cada año un dinero extra del Estado por el déficit en las competencias de vivienda, sanidad y educación, así como por la situación de pobreza de la que partía la región. A seis meses del plazo que fijaba el nuevo Estatuto para acordar una cantidad, se estimó en más de 1.200 millones, que fueron pagados en terrenos tras un anticipo de algo más de 400. El Gobierno del PSOE aceptó el pago en parcelas, tras los anticipos que ya dieron otros ejecutivos socialistas como los de Felipe González y Rodríguez Zapatero. El Gobierno andaluz fijaba la deuda histórica en una horquilla que iba de los 1.148 a los 1.742 millones de euros.

Desde un principio la Junta de Andalucía estimó que la deuda se destinaría a servicios básicos como sanidad y educación, aunque también se preveía que se destinara a asistencia social y viviendas de protección oficial. Con los años, los terrenos han acumulado un coste de mantenimiento, por lo que la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, a través de la Dirección General de Patrimonio, ha anunciado en BOJA la subasta de 33 activos de su propiedad que carecen de utilidad pública y que suman un importe conjunto de 81,4 millones de euros.

Se trata de la tercera subasta pública que tiene lugar en la legislatura y que incluye entre sus lotes 19 parcelas procedentes del pago de la denominada “deuda histórica” que fue saldada en marzo de 2010 con la entrega a la Junta de Andalucía de la titularidad de una sociedad y un lote de inmuebles que no se han destinado a ningún uso ni se han rentabilizado en modo alguno desde entonces, acarreando por el contrario costes de mantenimiento para las arcas públicas andaluzas superiores a los 6 millones de euros durante este tiempo.

Desde que el nuevo equipo llegara a la Junta de Andalucía, la Dirección General de Patrimonio señaló que “ha realizado un arduo trabajo para la identificación y regularización de inmuebles y suelos sin uso con la finalidad de buscar su afectación a servicios públicos o su puesta en valor procurando obtener la mayor rentabilidad en caso de inmuebles patrimoniales, en cumplimiento del mandato establecido en la Ley 33/2003, de Patrimonio de las Administraciones Públicas”.

La finalidad de la puesta en valor de los inmuebles que van a salir a subasta es doble. Por un lado, la obtención de recursos para la prestación de servicios públicos y la disminución de costes de mantenimiento de inmuebles sin uso. Por otro, facilitar activos a la iniciativa privada para el desarrollo de proyectos que favorezcan la reactivación económica y la creación de empleo en la comunidad andaluza.

Entre la treintena de activos que salen a subasta pública, se encuentran tres grandes suelos residenciales localizados en las provincias de Sevilla, Granada y Almería y cuyo valor de tasación conjunto se eleva a 35 millones de euros. Al contar con un valor de mercado individual superior a los 6 millones de euros se exige obtener la autorización previa del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para su venta, que fue concedida en su reunión del pasado 31 de mayo. En concreto, se trata de los suelos del ARI-DN-01 Fábrica Santa Bárbara en Sevilla, que cuentan con un valor de tasación de 14.254.903,23 euros; los suelos del AR-7-02 Cuartel de Mondragones en Granada (tasados en 10.295.429,80 euros) y los terrenos conocidos como Toyo II en Almería (cuya tasación se sitúa en 10.404.813,26 euros). Junto a estos terrenos, la subasta incluye parcelas urbanas en Sevilla, Almería, San Fernando (Cádiz), Jerez de la Frontera (Cádiz), Córdoba, Granada, Jaén, Periana (Málaga), Guillena (Sevilla) y Osuna (Sevilla), así como el conocido como Canal Expo, en la Isla de la Cartuja, en Sevilla.

El procedimiento para participar en la subasta es sencillo y permite concurrir a cualquier persona física o jurídica con capacidad para obrar según las normas contenidas en el Derecho Civil. Las ofertas se deben presentar por escrito, en sobre cerrado, antes de las 14 horas del 6 de octubre de 2022. El acto público de apertura de proposiciones está fijado para el día 7 de noviembre de 2022 a las 9:30 horas en el Salón de Actos de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, planta sótano, en el edificio Torretriana.

Se realizarán dos subastas sucesivas, el mismo día, con proposiciones económicas al alza. El precio de licitación de la segunda subasta, que se desarrollará en caso de quedar desierta la primera, será un 15% inferior, lo cual facilitará la posibilidad de obtener adjudicaciones a precios muy competitivos en el mercado. Toda la información para participar en la subasta y la documentación detalladas sobre cada uno de los 33 lotes está disponible en la web de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Respecto al resumen de las subastas celebradas hasta el momento, la primera se convocó en octubre de 2019 y en ella se adjudicaron tres inmuebles por importe de 56,4 millones de euros. En la segunda, publicada en abril de 2022, se adjudicaron 16 inmuebles por importe de 6,4 millones de euros.