Economía
Andalucía pedirá una moratoria hasta final de año para el veto europeo de la pesca de arrastre
La Junta y el sector acuerdan apoyar al Estado en su recurso al Tribunal de Justicia de la UE
Miembros de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y representantes del sector de Faape, Facope, Asoisamar, Asema, Andmupes y OPP72 fijaron una estrategia de defensa común del sector pesquero andaluz ante la decisión arbitraria adoptada por la Comisión Europea de vedar la actividad pesquera de arrastre en pesquerías del Atlántico, que afecta a Andalucía, especialmente, a la flota del Golfo de Cádiz. La decisión fue solicitar una moratoria hasta final de año para la entrada en vigor del Acto Delegado de la Comisión europea, que prohíbe pescar a la flota de fondo en 87 zonas de aguas entre Irlanda y el Golfo de Cádiz.
La decisión de la Comisión impacta directamente sobre 126 barcos y 600 pescadores andaluces. El perjuicio irá más allá ya que implicará pérdidas a todo el sector de forma general, así como los municipios pesqueros y los sectores que viven indirectamente de la pesca.
Asimismo, entre los acuerdos adoptados por unanimidad de todos, Andalucía va a solicitar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los estudios actualizados que ha presentado a la Comisión Europea para poder ejercer, también, una férrea defensa de nuestro sector. Así como el respaldo unánime del sector y el ejecutivo andaluz tanto al resto de comunidades autónomas afectadas como al Gobierno de España en su intención de acudir al Tribunal de Justicia Europeo para interponer un recurso que consiga frenar este atropello a nuestros pescadores.
Andalucía considera que es una decisión arbitraria e injusta, a sabiendas del daño que va a conllevar. El comisario europeo, Virginijus Sinkevicius, ha establecido la veda a la pesca de arrastre en base a informes del año 2011 a pesar de que el Gobierno de España ha facilitado unos estudios más actualizados en los que se evidencia el avance de la pesca sostenible de nuestro sector.
De otra parte, se va a solicitar al Ministerio que explore la viabilidad de poder anteponer la normativa española y el Reglamento de Aguas Profundas de la propia UE a este Acto Delegado de la Comisión Europea para aplicar este último entre los 400 y 800 metros de batimetría, requisito que ya establece el Reglamento.
Cabe recordar que el Acto Delegado entrará en vigor, si no se remedia, el próximo 9 de octubre, y afecta a embarcaciones y pescadores también de otras zonas de España, Portugal, Francia e Irlanda.
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