Economía

Los mayores beneficios fiscales en 2023 serán para «protección social»

El presupuesto en vigor contribuye con 2.398 millones para cumplir distintos objetivos de política fiscal y económica, una cantidad menor que la destinada en 2021, que fue de 3.243

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, felicita a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, tras la aprobación del Presupuesto vigente
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, felicita a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, tras la aprobación del Presupuesto vigenteJOAQUÍN CORCHERO (EUROPA PRESS)JOAQUÍN CORCHERO (EUROPA PRESS)

El presupuesto autonómico de beneficios fiscales para este año asciende a 2.398 millones de euros, de los que 1.501 se destinan a «seguridad y protección social», la principal partida por política de gasto. Las cuentas públicas deben recoger la disminución de ingresos tributarios que, presumiblemente, se producirá a lo largo del año, como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política social y económica. Es un concepto distinto al de la rebaja de impuestos e incluye el importe de los beneficios fiscales para los contribuyentes que merman la capacidad recaudatoria de la comunidad autónoma, ya sean exenciones, reducciones en la base imponible, tipos impositivos reducidos, bonificaciones o deducciones en la cuota.

La cantidad de 2.398 millones incluye los beneficios fiscales que ha establecido el Estado respecto de los tributos cedidos cuya gestión o recaudación corresponden a la Administración Tributaria andaluza, como a los aprobados por la Comunidad Autónoma de Andalucía dentro de sus competencias, referidos estos tanto a los tributos propios como a los cedidos. No es un concepto nuevo y se incluye anualmente en todos los proyectos de Presupuestos aprobados por el Parlamento de Andalucía porque así se recoge en el artículo 190 del Estatuto de Autonomía, el artículo 38 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos.

La de este año no es la cifra más alta de beneficios fiscales. En 2018, últimas cuentas de un Gobierno socialista, el presupuesto de beneficios fiscales ascendió a 2.239 millones de euros; en 2019, fue de 2.502; en 2020 fue de 2.490; y en 2021, último presupuesto del primer Gobierno de Juanma Moreno, se alcanzó la cifra más alta, con 3.243 millones de euros. Ninguna de estas cantidades incluye los beneficios fiscales en impuestos gestionados por el Estado.

Para 2023, los principales beneficios fiscales se aplican en la tarifa autonómica del IRPF. Está en vigor la deducción por inversión en vivienda habitual protegida y por las personas jóvenes; deducción por cantidades invertidas en el alquiler de vivienda habitual; por nacimiento o adopción de hijos o acogimiento familiar de menores; por adopción de hijos en el ámbito internacional; para madre o padre de familia monoparental y, en su caso, con ascendientes mayores a 75 años; y para familia numerosa.

También se recogen deducciones por gastos educativos, en concreto del 15% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por los gastos de enseñanza escolar o extraescolar de idiomas, de informática, o de ambas, con un máximo de 150 euros anuales por cada descendiente.

Hay que sumar deducciones para contribuyentes con discapacidad, para cónyuges y parejas de hecho con discapacidad, por asistencia a personas con discapacidad y por ayuda doméstica, pudiendo deducirse el 20% del importe satisfecho por cuenta del empleador a la Seguridad Social correspondiente a la cotización anual de un empleado o empleada, con un límite máximo de 500 euros anuales.

Los beneficios fiscales relacionados con la tarifa autonómica del IRPF se completan con deducciones por inversión en acciones y participaciones sociales, por gastos en defensa jurídica de la relación laboral y por donativos con finalidad ecológica, este último con un límite de 150 euros. En total, la previsión de los beneficios fiscales regulados por el Gobierno andaluz para este año es de 48,1 millones de euros.

Otro bloque importante de beneficios fiscales se concentra en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En este caso, la cantidad final de bonificaciones aprobadas por el Gobierno central y el autonómico asciende a 290,1 millones de euros, de los que 141,6 millones (el 48,8%) corresponden a normativa andaluza.

Otro bloque importante de rebajas fiscales lo constituye las aplicadas en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cedido a las comunidades autónomas.

En esta previsión están incluidos los beneficios fiscales en atribuidos al Impuesto sobre el Patrimonio, que el Gobierno andaluz bonificó al 100 por cien el pasado mes de septiembre y que ha sido contrarrestado por el Gobierno de España con el impuesto sobre la riqueza.

Por último, a nivel autonómico se incluyen beneficios fiscales en impuestos ecológicos, tributos sobre el juego y canon de mejora del agua.