Tribunales

Andalucía acapara más de la mitad de los casos de corrupción de España

La comunidad andaluza también suma el 50% de los procesados en 2022

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Los expresidentes socialistas Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán (d). EFE/Raúl CaroRaul Caro CadenasAgencia EFE

Quedan décadas de casos de corrupción en Andalucía que vienen de antaño, al margen de las nuevas causas. Sólo los ERE son más de un centenar de piezas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) informó de la estadística judicial anual. El pasado ejercicio, la comunidad andaluza acaparó 16 de 37 causas por corrupción en España, esto es, más de la mitad, con una causa en el primer trimestre, dos en el segundo, cinco en el tercero y ocho en el cuarto. Andalucía suma también 93 de los 187 encausados de las comunidades autónomas. Por tanto, Andalucía acapara también la mitad de procesados por corrupción. El total nacional es de 200 imputados.

El TSJA informó de que, durante 2022, los jueces y juezas españoles concluyeron un total de 38 procedimientos por corrupción, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 164 personas físicas y 36 personas jurídicas, que fueron o serán llevadas a juicio por este tipo de delitos. En total, los órganos judiciales dictaron 61 sentencias en todo el territorio nacional.

La información que se ofrece corresponde a la denominada corrupción pública, entendiendo que es ésta la que más altos índices de preocupación inspiran en la sociedad. De este modo, los procedimientos judiciales cuyos datos se reflejan en el repositorio tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política, informó el TSJA. Estos fenómenos se tipifican en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística (artículos 320 y 322), prevaricación administrativa (art. 404, 405 y 408), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (art. 413, 414, 415, 416, 417 y 418), cohecho (art. 419, 420, 421 y 422), tráfico de influencias (art. 428, 429 y 430), malversación (art. 432, 433, 434 y 435), fraudes y exacciones ilegales (art. 436, 437 y 438), negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (art. 439, 441, 442 y 443) y corrupción en las transacciones comerciales internacionales (artículo 286 ter).

Del total de los 38 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó en 2022, 17 corresponden al cuarto trimestre del año. En cuanto a las personas acusadas en este tipo de procedimientos, los jueces dictaron auto de procesamiento o de juicio oral contra 96 de ellas en el último trimestre del año pasado. Del total de ese periodo, el número de personas jurídicas fue de 23.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año pasado, los Juzgados y Tribunales dictaron un total de 61 sentencias en procedimientos en los que se investigaron delitos de corrupción. De todas ellas, 45 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 73,8 por ciento de las dictadas por los distintos órganos judiciales. Las 16 sentencias restantes, el 26,2 por ciento del total, eran absolutorias.