La Junta de Andalucía presentará definitivamente un recurso de inconstitucionalidad por el reparto de menores inmigrantes. La portavoz andaluza, Carolina España, argumentó que «el Gobierno invade competencias, envían menores pero no los fondos para atenderlos». «Son personas, nos haremos cargo de ellas pero necesitamos financiación, recursos», reclamó Carolina España.

La Junta reclama un «reparto justo, solidario, humanitario». Carolina España recordó que el decreto «se aprobó fruto del diálogo del Gobierno y Junts» y el Ejecutivo andaluz ya mostró sus «reticencias». «Acatamos la ley pero vamos a poner a servicios jurídicos a trabajar», señaló entonces la Junta. La portavoz andaluz señaló que los letrados de la administración andaluza han estimado que «el acuerdo de Pedro Sánchez y Puigdemont puede ir contra la Constitución y el Estatuto». Carolina España recordó que «de los 4.400 menores inmigrantes llegados a Canarias», sólo 26 van para Cataluña y para Andalucía cerca de 800. «No es serio por parte de un gobierno que se denomina progresista», dijo la portavoz del Gobierno andaluz de lo que consideró «repartos no solidarios» tras una «negociación bilateral». La Junta alude al «desequilibrio». «No se debe poner en riesgo el sistema, el sistema revienta con esta distribución, estamos al límite», manifestó Carolina España. «Este reparto tampoco garantiza una acogida humanitaria. El Gobierno envía menores pero no financiación. Así es imposible. La distribución es de una deslealtad absoluta», señaló Carolina España. El Consejo de Gobierno ha aprobado instar a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a iniciar los trámites previos a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.

Andalucía inicia estos trámites previos a la interposición del recurso de inconstitucionalidad al entender que el Gobierno de España estaría invadiendo con este Real Decreto ley de reparto de menores migrantes no acompañados competencias autonómicas. En este sentido, el Gobierno andaluz recurrirá al Tribunal Constitucional el reparto de menores migrantes no acompañados para defender la independencia competencial de Andalucía y la igualdad de trato entre comunidades autónomas, poniendo además especial énfasis en la dignidad de las personas para que estos menores no sean tratados como mercancías. Andalucía toma esta decisión para garantizar que la atención que se preste a los menores sea de calidad y no en precario. Para el Gobierno andaluz, el reparto no puede ser impuesto y sin financiación adecuada para Andalucía, que, como cabe recordar, deja de percibir al año 1.500 millones de euros por la infrafinanciación del Gobierno de España en base al actual modelo de financiación de las comunidades.

Desde el PSOE, el secretario general de los socialistas en Sevilla y presidente de la Diputación, Javier Fernández, se quejó del recurso de la Junta. «Señor Moreno Bonilla, los menores no acompañados son niños que huyen de las guerras y del hambre para poder vivir. Deje de hacer política de confrontación con esto y muestre un poco de sensibilidad humana. Y si usted no quiere o no le sale, pues deje a los ayuntamientos, 800 en Andalucía, acoger a estos 800 menores, uno por cada municipio».