¿Cuántas universidades hay en España?

El sistema universitario español lo conforman, atendiendo a datos del curso 2019-2020, un total de 83 universidades, 50 públicas y 33 privadas, que representan un 39,7% del total, frente al 9% que suponen en la comunidad. De las 3.008 titulaciones de grado impartidas, el 73,7% corresponde a instituciones académicas públicas, alcanzando los másteres un porcentaje algo superior, del 76,5%. En cuanto al número de estudiantes, las privadas registran el 16,6% frente al 83,4% de las públicas, y en lo relativo al personal docente e investigador, este colectivo se cifra en 125.471 personas (curso 2018-2019), de las que 105.371 trabajan en universidades públicas, según informó la Junta de Andalucía.

Andalucía pasará de una a tres universidades privadas, tras rechazar otros tantos proyectos. La Junta de Andalucía ha aprobado los proyectos de ley mediante los que se reconocen las universidades de naturaleza privada CEU Fernando III y Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (UTAMED) en el marco del sistema de enseñanza superior de Andalucía. De igual modo, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del rechazo por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la solicitud de implantación de la Universidad de la Costa del Sol y de la renuncia a continuar con el proceso de tramitación de otras dos instituciones académicas más: la Universidad Internacional del Mediterráneo (UNIMED) y la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (UNILAS).

En el caso de las instituciones CEU Fernando III y UTAMED, una vez obtenido el visto bueno del Consejo de Gobierno, ambas normativas se trasladarán ahora al Parlamento para su debate y, en su caso, aprobación, tal y como establece el marco legislativo vigente definido por la Ley orgánica de Universidades del Estado y por el Real Decreto que la desarrolla, así como por la norma autonómica en la materia. De acuerdo con estos textos jurídicos, la puesta en marcha de este tipo de propuestas académicas en la comunidad debe llevarse a cabo mediante ley tras el respaldo del Parlamento.

Después de que el Consejo de Gobierno autorizara en febrero de 2022 iniciar la tramitación de estos dos anteproyectos de ley, la Consejería ha recabado en estos meses todos los informes preceptivos requeridos, entre ellos, los del Gabinete Jurídico de la Junta y los emitidos por el Consejo Económico y Social de Andalucía y por el Consejo Consultivo, en los que no se incluye objeción alguna a dichos textos. De igual modo, se ha culminado el resto de las diligencias fijadas, como la de audiencia pública a las universidades y a la Confederación de Empresarios de Andalucía.

La Fundación Universitaria Fernando III El Sabio cursó su petición en abril de 2020 y, según el proyecto de ley, impartirá docencia mediante modalidad presencial, virtual y semipresencial. Se ubicará en el municipio de Bormujos, en la provincia de Sevilla, y contará con dos centros: la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y la Escuela Politécnica Superior. Su oferta inicial de títulos se compone de siete grados y cinco másteres en materias relacionadas con la Administración y Dirección de Empresas, Marketing y Gestión Comercial, Relaciones Internacionales, Derecho, Ingeniería de Sistemas de Información, Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Auditoría de cuentas o Business Analytics y Big Data, entre otros.

Por su parte, el proyecto docente y de investigación de UTAMED, impulsado por la entidad Sapere Aude Arco Mediterráneo S.L a partir de mayo de 2019, tendrá carácter online y se articulará a través de cinco centros: las facultades de Empresa Digital, Tecnología y Derecho; y de Humanidades y Ciencias Sociales; una Escuela de Doctorado, un centro de I+D+I y otro de emprendimiento y transferencia.

Asimismo, la enseñanza proyectada por esta institución se compone de 14 titulaciones: seis grados, siete másteres y un título de doctorado. Las disciplinas que se podrán cursar están relacionadas con las nuevas tecnologías, Marketing Digital, Derecho, Educación, Emprendimiento e Innovación, entre otras. Con carácter general, esta oferta académica está dirigida a un alumnado con dificultades para conciliar la vida profesional y la formación universitaria.

Los dos proyectos de ley, además de regular la estructura de ambas universidades, también contemplan otros aspectos como el procedimiento a seguir para iniciar sus actividades, que deberá realizarse mediante decreto del Consejo de Gobierno, previo informe del CAU. Tras su puesta en funcionamiento deberán solicitar la impartición delas correspondientes enseñanzas, proceso en el que se velará por asegurar la calidad de los títulos como en el resto del sistema universitario andaluz.

Asimismo, se incluyen los requisitos de acceso del alumnado, estipulándose que, aunque las dos instituciones son libres de fijar el régimen de ingreso, se deberá atribuir una valoración preferente a los resultados académicos entre los distintos méritos que aleguen los aspirantes. También se exige un sistema propio de becas y ayudas al estudio, en el que se tendrá en cuenta como criterios de concesión el expediente académico y las circunstancias socioeconómicas del alumnado y para cuya financiación se destinará el 1% de la estimación de ingresos brutos, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades.

Tras superar el trámite parlamentario, ambas iniciativas complementarán la oferta formativa universitaria ya existente en el territorio andaluz, sustentada en diez instituciones públicas y en una privada, la Universidad Loyola.

Rechazo a una solicitud y desistimiento de otras dos

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la orden de la Consejería de Universidad por la que se rechaza iniciar la tramitación como anteproyecto de ley de la solicitud presentada en julio de 2018 por la entidad Escuela Autónoma de Dirección de Empresas (EADE) para implantar en la comunidad la Universidad de la Costa del Sol.

Según dicha orden, la documentación aportada por la entidad promotora no permite acreditar el cumplimiento de algunos de los requisitos mínimos exigibles por la Ley Andaluza de Universidades. Atendiendo a esos criterios, se concluye que la propuesta no dispone de un proyecto de investigación adecuado y no queda acreditada la disponibilidad de las instalaciones, medios y recursos establecidos para el cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación y transferencia del conocimiento.

Igualmente, no se aportan las garantías necesarias para avalar el funcionamiento de dicha institución académica. En el expediente de este proyecto constan, además, los informes desfavorables de la DEVA y del CAU.

De igual modo, han concluido los expedientes de reconocimiento de la Universidad Internacional del Mediterráneo (UNIMED) y de la Universidad Internacional Lucio Anneo Séneca (UNILAS).

Las entidades promotoras han desistido de continuar adelante, una vez recibidos los informes negativos del Consejo General de Política Universitaria y las observaciones del Gobierno andaluz en las que transmitía la necesidad de mejorar los proyectos.