Los empresarios andaluces rechazan la reforma del despido improcedente de Sánchez

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha rechazado la reforma del despido improcedente que el Gobierno ha empezado a negociar este lunes "a golpe de ocurrencias" , al tiempo que ha criticado no haber recibido "ninguna documentación, ningún papel" y no haber sido convocados "salvo para abordar este lunes ya lo que puedan ser esas cuestiones".

"Primero, convóquenos, cuéntenos qué quiere hacer, abordemos dentro del diálogo social cuáles son las medidas y luego haremos también nuestras valoraciones", ha reclamado González de Lara en una atención a medios tras reunirse con el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela.

De esta manera, ha añadido que España "no necesita hablar del despido" sino que "tiene que hablar de otras muchas cosas", como de cómo ser más productivo, de cómo mejorar o tener capacidad para que los trabajadores puedan tener una mejor situación, entre otros, "temas que realmente preocupan".

"Esto va a cambiar toda la legislación laboral y obviamente genera un perjuicio para las propias empresas desde el punto de vista de que ese endurecimiento nos va a quitar flexibilidad y competitividad", ha advertido el presidente de la CEA, quien ha incidido en que "para nosotros todo lo que reduzca la competitividad de las empresas no es una medida acertada".

La reforma del despido está recogida en el programa de Gobierno de PSOE y Sumar y responde además a la interpretación que ha hecho de la normativa española el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

En concreto, el CEDS, con sede en Estrasburgo, condenó a España por "vulnerar" la Carta Social Europea en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente (33 días por año trabajado) que considera insuficiente y no disuasoria para el empresario.

Así lo determinó en dos resoluciones, una en julio de 2024 y otra en junio de 2025, que emitió a raíz de las denuncias presentadas por UGT y CCOO contra España por incumplir el artículo 24 de la Carta Social Europea referido a la protección de los trabajadores en caso de despido.

En su decisión sobre el fondo de la cuestión examinada, el Comité concluyó por unanimidad que España viola el artículo 24.b de la Carta Social Europea en loq ue respecta a la indemnización por despido improcedente, en lo relativo a la readmisión del trabajador y en lo referente a la indemnización por despido improcedente de trabajadores temporales contratados en fraude de ley.

En este sentido, los sindicatos, animados por las resoluciones del CEDS y sabiendo que esta reforma forma parte del programa de Gobierno, instaron a Díaz a convocar la mesa de negociación lo antes posible para reformar la ley, a fin de que la indemnización por despido sin causa sea realmente disuasoria y repare el daño causado al trabajador, teniendo en cuenta además sus circunstancias personales.