
Sanidad
Falta de plantilla, contratos precarios y agotamiento: el autodiagnóstico más crudo del Servicio Andaluz de Salud
La Estrategia Salud Andalucía 2030, aún en borrador, identifica «debilidades extremas» en la gestión de personal como eje prioritario a resolver para garantizar su sostenibilidad

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha publicado, para consulta y aportaciones de la ciudadanía, el borrador de la Estrategia Salud Andalucía 2030, una hoja de ruta que marcará el futuro del Servicio Sanitario Público Andaluz (SSPA) y que permanecerá en exposición pública hasta el próximo 16 de junio.
Este documento preliminar no solo anticipa los objetivos estratégicos y acciones clave que se prevén implementar en los próximos años, sino que, sobre todo, se fundamenta en un diagnóstico estratégico valiente, técnico y profundamente autocrítico, que radiografía con precisión el estado real del sistema sanitario. Uno de los ejes centrales del borrador es el análisis DAFO elaborado a partir de la participación de 620 profesionales de alta dirección, quienes han evaluado más de 175 ítems críticos del sistema agrupados en 12 bloques. Esta participación masiva ha permitido construir una visión interna precisa y con alto valor estratégico.
Las debilidades más extremas que refleja el documento afectan directamente al núcleo del sistema: sus profesionales. El diagnóstico identifica puntuaciones alarmantes en cuestiones como la limitación de plantillas (1,44), la inestabilidad laboral (1,56), la sobrecarga asistencial (1,84) y los modelos contractuales inadecuados (1,87). A ello se suma una preocupante rotación del personal (2,3) y las dificultades para atraer y retener talento sanitario (2,57).
Este escenario, lejos de ser ignorado, se reconoce en el documento como un riesgo real para la sostenibilidad del sistema, en especial si no se acompaña de medidas estructurales y presupuestarias que reviertan esta situación.
El borrador también pone el foco en otras debilidades extremas que comprometen la capacidad del sistema para adaptarse al futuro, como la infrafinanciación histórica (1,76), la incertidumbre presupuestaria (2,09) y las limitaciones para invertir en la atención de colectivos vulnerables o en procesos de innovación organizativa. La transformación digital, lejos de ser una realidad consolidada, aparece en el documento como una área con múltiples retos pendientes, desde la obsolescencia tecnológica hasta la baja interoperabilidad y la escasa capacidad de los profesionales para explotar los datos disponibles en la toma de decisiones clínicas.
A pesar de la crudeza del diagnóstico, el borrador también identifica fortalezas estructurales que permiten construir una estrategia realista y ambiciosa. Entre ellas destacan la vocación, compromiso ético y cualificación de los profesionales, así como avances incipientes en equidad, medicina personalizada, cirugía robótica o accesibilidad a datos clínicos por parte de los pacientes.
Según reconoce el propio documento, en los últimos siete ejercicios la Consejería de Salud ha incrementado el presupuesto sanitario a un ritmo medio del 6,95% anual, una cifra significativa en el marco de las cuentas públicas andaluzas. Sin embargo, ese esfuerzo no ha bastado para corregir los problemas crónicos del sistema. De hecho, el propio borrador advierte de que el gasto adicional necesario no está previsto en los presupuestos 2025-2030, ni en el de la Consejería de Salud ni en el del SAS. La Junta condiciona la evolución del gasto en salud a «la actividad económica de la Comunidad» y a las «necesidades asistenciales que demande la ciudadanía», lo que deja abierta la posibilidad de que las transformaciones estructurales clave sigan posponiéndose en función del contexto macroeconómico. Además, se reconoce que muchas de las medidas dependerán de una acción coordinada con otras consejerías y de una planificación interinstitucional aún por definir, especialmente en los ámbitos de digitalización, salud pública o atención a colectivos vulnerables.
La ciudadanía, colectivos profesionales y entidades sociales están llamados a presentar aportaciones al borrador hasta el 16 de septiembre. El reto está ahora en transformar este documento en una política real, más allá del papel y de las buenas intenciones. Porque el gasto ha crecido, sí, pero los problemas de fondo siguen ahí, a la espera de soluciones concretas para la ciudadanía.
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