El PSOE reniega de su propio criterio en financiación

María Jesús Montero ha antepuesto los intereses personales de Pedro Sánchez para tratar de conservar la mayoría de Gobierno a los del PSOE andaluz e incluso a su propio criterio. La cesión a los independentistas catalanes dotándoles de una financiación singular rompe el discurso que el socialismo andaluz ha mantenido durante décadas, no solo con el acuerdo que ella mismo impulsó cuando era consejera de Hacienda en Andalucía que fue refrendado en el Parlamento –con el voto afirmativo del PP de Juanma Moreno–sino el que mantuvo el Ejecutivo andaluz de Chaves y Griñán durante la reforma del actual modelo que impulsó Zapatero con ERC en 2008. Ese modelo, que a la larga ha sido un lastre para Andalucía al ser una de las cuatro comunidades autónomas que ha recibido menos dinero que la media todos los años desde esa fecha, fue aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pactado principalmente entre el PSOE y ERC, fue formalmente negociado con el resto de regiones y Andalucía, entonces presidida por José Antonio Griñán, lo avaló porque, según sus cálculos, la comunidad recibiría de ese fondo adicional 1.795 millones de euros, a los que habría que sumar otras partidas como 390 millones por ingresos tributarios y 948 millones por competencias propias.

El desarrollo posterior de ese sistema de financiación autonómica es conocido: Andalucía ha perdido, en función de la recaudación obtenida en cada ejercicio, en torno a 1.500 millones de euros al año, lo que ha obligado a los sucesivos Gobiernos autonómicos –tanto del PSOE como el actual del PP– a contar con menos recursos económicos para atender la sanidad, la educación y los servicios sociales de los andaluces. Pero el modelo vigente pasó por el sistema reglado, se votó en el CPFF y contó con diez votos a favor (incluyendo Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura y Ceuta) y siete abstenciones (Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia, La Rioja, Comunidad Valenciana y Melilla), es decir, las regiones que entonces gobernaba el PSOE lo respaldaron y las del PP no votaron en contra.

La realidad actual es diferente. La financiación singular catalana se ha pactado al margen de los organismos existentes donde están representadas todas las comunidades autónomas y no cuenta con el aval del resto de gobiernos regionales. Además, supone una enmienda al dictamen sobre financiación autonómica que aprobó el Parlamento de Andalucía en 2018.

Ese acuerdo, fruto de un grupo de trabajo en la Cámara andaluza, fue un respaldo íntegro a la postura que mantenía entonces la propia María Jesús Montero como consejera de Hacienda y recogía todas las reclamaciones que el Gobierno socialista llevaba años planteando a Mariano Rajoy.

Entre otras, el texto, que fue avalado por el PP andaluz, rechazaba el criterio de ordinalidad por afectar de manera directa a la «equidad» entre comunidades autónomas. Sin embargo, el acuerdo entre el PSOE y ERC señala que «Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe, ya que tiene un mayor nivel de renta y consumo que otros territorios. En cualquier caso, la financiación de Cataluña debe respetar el principio de ordinalidad. Las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, deben mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben». Ayer mismo, la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ratificó que el principio de ordinalidad «queda garantizado» en el acuerdo de la comisión bilateral Gobierno-Generalitat firmado el lunes sobre el modelo de financiación singular para Cataluña.

«Para el Govern este era un elemento fundamental y, por tanto, queda garantizado. Es evidente, también, que la ordinalidad debe hacerse respecto al resto de comunidades y, por tanto, que aquí hay un elemento que el gobierno de España debe trabajar, pero queda totalmente protegido», señaló.

El dictamen aprobado en Andalucía y al que hasta ahora el PSOE aseguraba que seguía vigente apunta que «la capacidad fiscal de los territorios no debe condicionar de ninguna manera el cumplimiento de la equidad en la prestación de servicios públicos» porque «una comunidad con un nivel de renta relativamente bajo debe poder ofrecer los mismos servicios que otra con más renta».

Pese a la renuncia a negociar el nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal Financiera y aceptar el pacto bilateral entre el Gobierno central y una comunidad autónoma; asumir el principio de ordinalidad; o renegar de un fondo de compensación para comunidades infrafinanciadas, en el PSOE andaluz nadie se sale del guion. Solo Luis Ángel Hierro, que quiso presentarse a las primarias contra María Jesús Montero, lamentó en la red social X que «en términos de financiación autonómica ‘la elefanta ha parido un ratón’, políticamente el gobierno asume el falso discurso de que ‘Cataluña paga y electoralmente el PSOE y el PSOE de Andalucía en barrena. De verdad que vamos bien. ¡Jo que tropa! Si Pablo Iglesias levantara la cabeza».

La versión oficial del partido, mientras Montero no ha hablado, la ofreció ayer el secretario de Política Institucional del PSOE-A, Daniel Pérez, quien defendió que la vicepresidenta del Gobierno «está dando la cara por Andalucía, defendiendo a los andaluces y equilibrando el conjunto de financiación para las comunidades autónomas». No piensan así el resto de comunidades autónomas ni algunos militantes socialistas.