La ley de regadíos de Doñana que en Huelva sí entienden

Huelva es una de las provincias más olvidadas del país. Acumula un déficit de inversiones histórico y, por ende, una grave falta de infraestructuras que se traduce en dificultades a todos los niveles. En Huelva, la agricultura representa el 8,33% del Producto Interior Bruto, más de cinco puntos por encima de la media del país. Si no trabajan el campo, muchas familias no tienen alternativa. En concreto, el Condado de Huelva emplea a más de 100.000 personas. En este contexto, y con unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina, el Partido Popular ha registrado una versión «mejorada» de la proposición de ley que ya encendió la polémica la pasada legislatura. La bautizada como ley de regadíos de Doñana renace con los mismos pros y contras de la anterior pese a los intentos de los populares de contar con el respaldo socialista e, incluso, el del Gobierno de España. Algo que no ha sucedido, de hecho la reacción inmediata del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, fue amenazar con llevar la nueva norma al Tribunal Constitucional ante el peligro de que cualquier medida dañe al Parque Nacional.

El Gobierno de Juanma Moreno cree posible alcanzar el «equilibrio» entre los intereses económicos de los agricultores que se quedaron de forma «injusta» fuera de la regulación de los territorios regables en 2014 y la «salvaguarda» de los valores ecológicos de Doñana, pero al mismo tiempo delega la iniciativa legislativa al grupo parlamentario Popular por «vía de urgencia». Algo que Gobierno y PSOE –que afirma estar dispuesto a sentarse a negociar– interpretan como una forma de no asumir la responsabilidad y, al mismo tiempo, de eludir un proceso más dialogado. El Ministerio para la Transición Ecológica, ayer mismo, tildaba de «atropello» no contar con la opinión del Consejo de Participación de Doñana y Morán rechazaba la proposición por ir en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El texto de la ley, que cuenta con el apoyo de Vox y que, según Por Andalucía, pretende «secar Doñana», esgrime lo contrario. El PP mantiene que se da cumplimiento al mandato «que obliga al Reino de España a velar y legislar por sus humedales y territorios».

La regulación del territorio, legalizando casi 1.600 hectáreas de regadío, no implica un derecho inmediato porque la dotación de recursos hídricos depende de la Confederación Hidrográfica y en el actual periodo de sequía no es viable aprobarlos. La solución pasa por llevar agua en superficie a Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Para ello es imprescindible la ejecución de las obras hidráulicas pendientes por el Gobierno de España.

El texto registrado en el Parlamento introduce la creación de una oficina técnica que revisará cada caso de forma individual. «La única acción positiva en defensa del Parque de Doñana es esta Proposición de Ley y la ejecución sin demora de las obras declaradas de Interés General del Estado» que «posibilitarán el cese de los sondeos, la eliminación de las captaciones de aguas y la llegada del agua superficial».

Las obras a las que en concreto se hace referencia son, en la Demarcación del Tinto, Odiel y Piedras: la construcción de la presa Pedro Arco; el desdoblamiento del túnel San Silvestre, el desdoblamiento sifón Odiel (2.ª fase); el desdoblamiento del sifón por la margen izquierda del Odiel hasta la galería forzada; el aumento de la capacidad de regulación de la balsa de regulación del anillo hídrico; y el aumento de la capacidad de transporte del anillo hídrico entre los depósitos de Huelva y la balsa de regulación del anillo hídrico; en la Demarcación del Guadalquivir, las balsas de regulación e infraestructuras de distribución y las infraestructuras propias de transporte y regulación del trasvase.

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, remarcó que se trata de «una cuestión de ordenación del territorio». Y trasladó que cuenta con el visto bueno de regantes, organizaciones profesionales agrarias, sindicatos y el tejido social y económico de Huelva. «No estamos hablando de grandes superficies sino pequeños agricultores y muchos puestos de trabajo. Solucionamos un problema a más de 10.000 trabajadores. Está en juego el sustento de cientos de familias de Huelva», agregó el representante del PP, sin olvidar que hay una «línea roja»: Doñana y su acuífero. «Hablamos de ordenar fincas que están incluso a 40 kilómetros del Parque Nacional», recordó.

La proposición de ley incluye la modificación de cuatro artículos del Plan Especial de la Corona Norte para integrar en la zona agrícola regable los terrenos agrícolas que hubieran estado en regadío con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del Plan Especial y una modificación de la ley Forestal de Andalucía, así como la declaración de interés de la comunidad autónoma de actuaciones de mejora ambiental de los espacios forestales y de conectividad ecológica en el ámbito del Plan Especial. «No es una amnistía para nadie», reiteran desde el Partido Popular y desde el Gobierno andaluz.