El PP se juega la mayoría absoluta en Andalucía en ocho meses

En junio de 2026, fecha prevista para las elecciones autonómicas andaluzas, Juanma Moreno llevará siete años y medio presidiendo la Junta de Andalucía. La intención inicial del Partido Popular es que la convocatoria electoral sirviera como un examen completo de gestión y que los andaluces valoraran «el cambio» experimentado por la región y la «vía andaluza» como forma de entender la política, dos de los argumentos extendidos en el Gobierno andaluz a modo de resumen de este periodo. La realidad es que la crisis sanitaria ha trastocado la hoja de ruta y Moreno tiene por delante ocho meses –menos si los comicios se celebran antes de junio– para revalidar la mayoría absoluta y garantizar la continuidad de su modelo de gestión sin depender de un partido como Vox. Lo que sí parece descartado, al menos de momento, es que los partidos de izquierda consigan sumar una mayoría alternativa que coloque al PSOE de María Jesús Montero en posición de recuperar la Presidencia de la Junta de Andalucía en 2026.

El Barómetro de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, puso ayer números a esta realidad. Hay una primera constatación: el PP-A sigue siendo el partido hegemónico en Andalucía y volvería a ganar las próximas elecciones andaluzas con el 40,7% de los votos. Eso supone que cuenta con una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A.

Traducido en escaños, el partido de Juanma Moreno estaría entre 54 y 56 representantes, mientras que los socialistas seguirían por debajo de los 30, quedándose entre 26 y 29. Ambas formaciones pierden apoyos con respecto a las elecciones de 2022: 2,4% de votos el PP y 0,8% el PSOE. Los populares acusan el desgaste de gobernar y los socialistas no levantan cabeza pese al cambio en el liderazgo del partido porque Montero empeora los resultados de Juan Espadas.

Lo que viene a decir el CIS andaluz –mucho más fiable que los trabajos de Tezanos– es que la mayoría absoluta del PP –55 diputados– pende de un hilo, más concretamente de un escaño arriba o abajo. Pero también deja entrever otros asuntos más. Por ejemplo, que en estos datos no está descontada al completo la crisis de los cribados de cáncer de mama porque el trabajo de campo se hizo entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre. Fue precisamente ese día cuando Moreno inauguró en Sevilla la reforma de las Reales Atarazanas y tras el Consejo de Gobierno compareció y pidió «disculpas» por los «errores» cometidos en este asunto. Ya después vinieron las protestas de las afectadas, la repercusión nacional del asunto y el relevo en la Consejería de Sanidad, tarea que ha asumido el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

Por tanto, es razonable interpretar que el «desgaste» del PP puede ser mayor, si bien desde la Junta de Andalucía se entiende que se ha reaccionado a tiempo, reconociendo errores y poniendo soluciones en un tema del que el presidente no fue convenientemente informado, aseguran. Ayer mismo, Sanz anunció que el Hospital Virgen del Rocío, el epicentro de esta crisis, ya tiene citadas y realizará antes del 15 de noviembre 1.800 mamografías pendientes del cribado de cáncer de mama a mujeres cuyas primeras pruebas arrojaron un resultado «no concluyente».

La oposición va a centrar sus críticas en este asunto y también ayer el PSOE anunció una campaña de recogida de firmas «en defensa de la sanidad pública andaluza y contra los destrozos ocasionados en el sistema, tras los siete años de gobierno del PP».

Mientras que el PP y el PSOE bajarían su porcentaje de votos, el resto de formaciones con representación parlamentaria suben todas. Así, en la izquierda, Sumar y Adelante aumentarían su respaldo en un 0,3% y un 1,8% respectivamente. La coalición en la que se incluyen IU y Más Andalucía entre otros alcanzaría entre seis y ocho escaños –actualmente cuenta con 5–, mientras que en el caso del partido impulsado por Teresa Rodríguez podría llegar hasta 3 o, en el peor de los casos, conservaría los dos actuales.

En la derecha, Vox obtendría entre 16 y 18 escaños, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió 14 parlamentarios gracias a un aumento de un 2,4% en votos, el mismo porcentaje de respaldo que se deja el PP.

En cualquier caso, el gran aval del PP sigue siendo el presidente Juanma Moreno, que cuenta con el respaldo mayoritario de los encuestados. De hecho, a la pregunta de quién le gustaría que fuera ahora el presidente de la Junta de Andalucía, el 38,8% se decanta por el actual jefe del Ejecutivo andaluz.

Además, Moreno –junto al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García– es el único dirigente andaluz que aprueba en la valoración de los líderes políticos al obtener un 5,02% y el 40,02% considera que su labor al frente de la Junta es «buena» –el 9% la eleva a «muy buena»–.

Estos datos contrastan con el poco entusiasmo que genera la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que obtiene un 3,8% de nota como valoración. Además, solo el 20% prefiere a la actual ministra de Hacienda como presidenta de la Junta, un porcentaje inferior al que obtendría el PSOE en las elecciones, que es del 23,3%.

Todo ello en un contexto en el que los andaluces son más críticos con la situación política en España –un 70,7% cree que es «negativa»– que en la comunidad, donde el porcentaje baja al 46,8%.

Paro, sanidad y vivienda, las preocupaciones

Los tres asuntos que más inquietan a los andaluces son el paro, la sanidad y el acceso y precio de la vivienda. El 23,3 por ciento de los encuestados considera que el paro es el principal problema que existe en Andalucía, mientras que, en segundo lugar, se sitúa la sanidad (17,4 por ciento) y, en tercer lugar, el acceso y precio de la vivienda (17 por ciento). El paro y la vivienda son asuntos recurrentes, pero la sanidad ha vuelto como una de las principales inquietudes ciudadanas al margen de la crisis de los cribados de cáncer de mama. En cuarto lugar se incluyen los «Precios elevados, inflación, pérdida de poder adquisitivo», seguido por los «sueldos bajos» y el «aumento de impuestos». Como curiosidad, el «movimiento okupa» preocupa al 0,5% de los encuestados, el mismo porcentaje que obtiene uno de los mantras en abstracto de la izquierda en España y en Andalucía: la «defensa de lo público».