"Caso ERE": el "chófer de la coca" ratifica ante la jueza el gasto en drogas y fiestas con dinero de la Junta

El que fuera chófer del director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo, conocido como "el chófer de la coca", ha ratificado que parte de los 900.000 euros de dinero público que recibió de su jefe lo gastó en comprar drogas y en pagar copas en fiestas, adquirir una finca, un piso y varios regalos. También reconoció haber prestado 24.000 euros a su mujer, a la que el acusado ha querido eximir de su responsabilidad porque, aseguró, ella le devolvió el dinero tras hipotecar la casa, coincidiendo en esto con el testimonio de su esposa.

En la primera sesión, ha confirmado su declaración del 15 de diciembre de 2011 ante la Policía Judicial de Andújar (Jaén), en las que reconoció que había recibido dos subvenciones de 450.000 euros cada una por parte de la Dirección General de Trabajo. El chófer ha ratificado ante el tribunal su testimonio de 2011 y 2012 ante la policía y la juez instructora del "caso ERE", Mercedes Alaya.

El juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Sevilla después de varios años de dificultades. Desde 2017 se han dado varios acontecimientos que han derivado en que se haya tardado tanto en celebrarlo. Por una parte, ha habido cuatro cambios de jueces (dos se jubilaron, uno pidió el traslado y otro se abstuvo por haber sido alto cargo de la Junta) y se suspendió en septiembre de 2022 por el cambio de abogado de una de las partes acusadas.

Esta es la segunda pieza en relevancia del entramado tras la pieza política de los ERE de Andalucía, en la que el Tribunal Supremo condenó a prisión a varios ex altos cargos de la Junta, entre al expresidente andaluz José Antonio Griñán.

A Trujillo se le sienta en el banquillo acusado de prevaricación. Entre los acusados, están el empresario Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia; Isidoro Ruz Espigares, administrador de una de las empresas del exchófer a través de la cual habría recibido subvenciones de la Junta; y la mujer del conductor, acusada como beneficiaria a título lucrativo de las ayudas de su marido.

En la ronda de peticiones previas, Trujillo ha pedido renunciar a su abogado, José Manuel Sánchez, porque no se sentía "bien atendido en las valoraciones que han mantenido ni en las valoraciones con la fiscalía", informa Efe. Y ha asegurado que no se siente bien representado por el profesional. Sin embargo, la solicitud ha sido rechazada por el Ministerio Fiscal, que ha añadido que el acusado ya tenía conocimiento de quién ejercería su defensa, y la jueza ha decidido rechazar su petición.

Durante la instrucción del caso, el chófer admitió ante los investigadores que se gastó parte de los 900.000 euros de las subvenciones junto con Javier Guerrero, su jefe, con el trabó amistad y que falleció en 2020.

Entonces, reconoció que mientras trabajaba conduciendo su coche, llegó a gastar unos 20.000 euros diarios en drogas y que llegaron a consumir cada uno más de cinco gramos diarios de cocaína. Las declaraciones de Trujillo llegaron tras destapar el conocido como "fondo de reptiles", que contenía 647 millones de euros repartidos de manera "arbitraria", según Guerrero, y destinado a empresas sin seguir el procedimiento legal establecido por la Intervención General.

De igual forma, reveló haber realizado alguno de estos regalos a Guerrero, aunque esta versión siempre fue negada por el exdirector general de Trabajo. La Fiscalía Anticorrupción pide para el chófer una indemnización de casi 1,5 millones de euros y una pena de 14 años de prisión y 30 de inhabilitación.