Cualquier tiempo pasado fue, necesariamente, anterior. La decisión de la Junta, con el PSOE-A a los mandos, de retirarse de la acusación de la causa del «procedimiento específico» de los ERE ha evitado «en diferido» la personación solicitada, de nuevo, por la Administración andaluza pero con el PP-A en el poder. La Audiencia de Sevilla deniega la personación de la Junta de Andalucía. En una providencia fechada el 29 de mayo, a la que accedió LA RAZÓN, el tribunal señala que «no ha lugar» al «no ser parte en la presente causa, habiendo solicitado, antes de la celebración del juicio, el sobreseimiento de las actuaciones y la expresa reserva de las acciones civiles». Se refiere a la pieza política, la conocida como la del «procedimiento específico» de los ERE por la que fueron condenados, entre otros, los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y cuya sentencia sigue pendiente de revisión tras el último dictamen, sin precedentes, por parte del Tribunal Constitucional.

Las defensas de los ex presidentes Chaves y Griñán se habían opuesto a la personación de la Junta en la causa. En concreto, la defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán se opuso ante la Audiencia de Sevilla a la petición de la Junta de Andalucía de reincorporarse a la causa del procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos; para apoyar la propuesta que sopesa el tribunal de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por la orden del Tribunal Constitucional de que emita nuevas sentencias sobre el caso fruto de la decisión de esta última instancia de anular las condenas a una decena de inculpados, entre ellos el propio Griñán y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.

El pasado 12 de mayo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno señaló que la Administración autonómica volverá a «personarse» en la causa del denominado procedimiento, una vez que la Audiencia de Sevilla ha terminado de deliberar sobre si presenta una cuestión prejudicial ante el TJUE contra las sentencias del Constitucional que ampararon a los ex altos cargos, con el objetivo de «recuperar los 700 millones» que se destinaron al pago de las ayudas sociolaborales a los prejubilados y a empresas en crisis. El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación administrativa, Antonio Sanz –a la postre, uno de los primeros denunciantes del «caso ERE» cuando el PP estaban en la oposición–, llegó a señalar en el Parlamento que la nueva personación de la Junta en el caso de los ERE se pedía por «dignidad y por respeto» hacia los andaluces, apuntando que la administración autonómica tiene la «obligación de recuperar el dinero defraudado».

La Junta, con el PSOE-A y Susana Díaz en el Gobierno andaluz, pidió en 2016 pidió el archivo de la causa, con reserva de las acciones civiles. En la orden aportada por la Junta para la personación, el consejero de Presidencia admitía ante la Audiencia que se han recuperado 28 de los 679 millones concedidos en el periodo 2000-2009. Por la vía penal se han reclamado 287,79 millones en concepto de responsabilidad civil en piezas en las que la Junta ejerce la acusación y se han «dictado sentencias que reconocen prácticamente 20 millones» con «más de cien piezas pendientes de enjuiciamiento». Por su parte, en el Tribunal de Cuentas se han presentado demandas por casi 170 millones: algo más de 52 de ayudas sociolaborales; otros tantos millones de ayudas a empresas; y más de 64 en sobrecomisiones. También se han revisado de oficio casi 130 millones de 244 ayudas a empresas.

El consejero de la Presidencia destacó que el Gobierno andaluz «comparte» la decisión de la Audiencia de Sevilla de llevar el caso de los ERE ante el TJUE y trasladó su «confianza» en que «siga adelante con su decisión y que la Justicia Europea ponga cordura y evite que este inmenso fraude quede impune», lamentando que la Junta no pueda ser parte tras «retirarse del procedimiento en su anterior etapa». La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ve el rechazo a la personación como «consecuencia» de que PSOE decidió retirarse en su momento y espera que la Junta sea escuchada ante la Unión Europea.

Una "cacería de inocentes", para el PSOE

La vicesecretaria general del PSOE-A, parlamentaria por Huelva y portavoz del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, María Márquez, señaló en Huelva que el rechazo por parte de la Audiencia de Sevilla a la petición de la Junta de Andalucía de reincorporarse a la causa los ERE supone «un doble revés» para el empeño del presidente del PP-A, Juanma Moreno, de reabrir el caso de los ERE en «su obsesión de perseguir a socialistas inocentes».

La socialista indicó que la decisión del tribunal de que «no ha lugar» a la petición de la Junta de Andalucía de reincorporarse a la causa del procedimiento específico de financiación de los ERE fraudulentos supone «un doble revés» para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, porque «ya está bien de perseguir a gente inocente» y «ya está bien de la obsesión que tiene el Partido Popular de perseguir a socialistas inocentes».

«Se ha demostrado que no se llevaron un euro, se ha demostrado que son gente honrada, gente honesta. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que es el órgano más importante que tiene este país en el ámbito de la justicia. Y de nuevo se han empeñado en volver a reabrir una causa donde lo único que se ve es que Moreno está obsesionado con perseguir a socialistas inocentes», indicó Márquez. Asimismo, señaló que con la decisión de la Audiencia de Sevilla «se confirma, de alguna manera, lo que vienen defendiendo los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía históricamente» y no «el Partido Socialista ni el gobierno anterior».

«Los socialistas tenemos cada día más claro que detrás de esa sonrisa ensayada, lo que hay es una frialdad absoluta y una utilización, en nuestra opinión, bastante peligrosa de todas las instituciones al servicio de la maquinaria del PP», remarcó. Al respecto, la vicesecretaria del PSOE-A incidió en que Juanma Moreno ha «pasado de moderado a antisistema», ya que «no va al Parlamento de Andalucía cuando le corresponde, no da la cara y utiliza todas las instituciones, como por ejemplo la Cámara de Cuentas al servicio de sus intereses políticos, vetando que se investiguen los contratos menores del año 2022 y del año 2023». «Y es que gracias a la fiscalización, al estudio que hizo la Cámara de Cuentas sobre los contratos que se fraccionaron en el año 2021, supimos que se estaba dando dinero a dedo y sin control a la sanidad privada en Andalucía. Una tarea que tenía que hacerse en este año sobre esos contratos menores que habían fraccionado en el año 2022 y en el año 2023», dijo Márquez.

Por su parte, el portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, también emplazó al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a «abandonar» la «cacería» que, en su opinión, impulsa contra socialistas andaluces, tras recibir «un auténtico varapalo en toda la cara» por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Francisco Cuenca sostuvo que la resolución de la Audiencia de Sevilla «supone un auténtico varapalo en toda la cara» para Juanma Moreno, «un zasca», y agregó que el presidente de la Junta «sabía perfectamente el día 12 de mayo, cuando a bombo y platillo anunció», desde la sede nacional del PP en la calle Génova de Madrid, esa solicitud del Gobierno andaluz que dicha iniciativa «no iba a ningún sitio, porque no hay causa».

El portavoz del PSOE-A instó al PP a que «reconozca» y «respete la Justicia», así como a que «abandone una cacería sin sentido», y a que «deje de utilizar» el caso de los ERE «como esa cortina de humo permanente para tapar sus vergüenzas, su inutilidad como Gobierno y su incapacidad».