Con cerca de doce mil viviendas de uso turístico censadas en el registro oficial de la Junta de Andalucía, Málaga es la ciudad que, porcentualmente, tiene mayor oferta de alojamientos de esta modalidad de todo el país, con consecuencias como limitar la oferta de alquiler de larga temporada, o incrementar de manera desorbitada los precios –que el pasado mes de septiembre alcanzaron su máximo histórico al situarse en 14,5 euros el metro cuadrado, un 13,2 por ciento más que hace un año–.

No en vano, la capital podría llegar a tener dados de alta hasta 20.000 alojamientos de este tipo, frente a las 11.559 actuales, –7.035 operativas, según dato del INE de febrero de 2024– registradas a principios de año.

Ante este contexto, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido poner freno a la proliferación de apartamentos turísticos y lo ha hecho impulsando la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitar la implantación de nuevas viviendas turísticas en determinados barrios de la ciudad.

Serán 43 los barrios de la ciudad en los que no se podrá dar de alta nuevas viviendas turísticas toda vez que en ellos esta modalidad de inmuebles suponen más del 8 por ciento del parque residencial y 328 en los que solo podrán darse de alta a partir de ahora aquellas viviendas turísticas que tengan entrada y servicios independientes.

Desde la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, AVVA-Pro, se pide a la administración que dote de seguridad jurídica la regulación de las viviendas de uso turístico y se tenga en cuenta a los representantes del sector, a quienes se ha citado el próximo 5 de noviembre.

Su presidente, Juan Cubo, lamenta que no se haya escuchado a la Asociación «que no ha sido consultada sobre estas limitaciones; esperamos obtener una información completa sobre su aplicación».

Y es que una implementación inmediata de la normativa, «podría vulnerar el derecho a estas alegaciones, por lo que solicitamos seguridad jurídica y el respeto a las normas establecidas en los procedimientos que regulan el funcionamiento de las viviendas turística».

Así las cosas, la responsable de la sección de alojamientos turísticos del Colegio de Abogados de Málaga, Mar Alcázar, «entendemos desde el sector que se ha analizado la saturación de ciertos barrios por parte del Ayuntamiento y se han acordado medidas que ahora tendrán que tener audiencia pública, como es la modificación del PGOU». No obstante, abunda en que «esa modificación implica que el ciudadano sepa cuál es la intención del Ayuntamiento y que todo el interesado pueda plantear sus alegaciones».

Según Alcazar «el titular que vende el equipo de gobierno es totalmente imperativo diciendo que se prohibirán las viviendas turísticas, pero ni muchísimo menos se va a prohibir nada, aquí no vale el ordeno y mando».

A este respecto, advierte de que «existe mucho enfado en el sector, porque no se está cumplimiento la normativa en materia de transparencia, que debe regir en este ámbito». Insiste además la abogada especialista en derecho turístico que esta modalidad de alojamiento «no es en modo alguno» responsable de la situación y precios de la vivienda en la capital.

9 DE NOVIEMBRE

La Plataforma «Málaga para vivir» ha convocado una protesta en la calle el próximo 9 de noviembre para denunciar la situación de la vivienda en la capital y criticar un modelo de ciudad que, según los organizadores, «expulsa a sus residentes en beneficio de la especulación inmobiliaria y turística».

La protesta, partirá a las 11:30 de la céntrica plaza de la Merced y recorrerá el centro histórico de la ciudad para concluir en la plaza de la Constitución, donde se leerá un manifiesto con el que se reivindicará el fin de «un modelo de ciudad depredador que crea riqueza para las élites a costa de la vida de la ciudadanía».

Los convocantes confían que la manifestación sea «multitudinaria» y supere con creces la movilización del 29 de junio contra la «turistificación» de la capital que reunión a unas treinta mil personas en la calle, según el sindicato de inquilinas.

Y es que, según la plataforma en lo que va de año el precio del alquiler en Málaga se ha incrementado «cerca de un veinte por ciento» situando a la provincia como la segunda capital «más cara de todo el país» y citan barrios como Huelin, en el popular distrito de Carretera de Cádiz, donde los vecinos «han de destinar más del cuarenta por ciento de sus ingresos, al pago del alquiler».

De manera previa a la protesta del próximo 9 de noviembre, la plataforma de asociaciones y movimientos sociales MÁLAGA HA VESOS –Málaga Habitable Verde y Sostenible– está celebrando asambleas en barrios de la capital para poner «negro sobre blanco en los problemas de toda clase que hay en esas barriadas y reclamarlos ante el distrito y el ayuntamiento de la ciudad».