Maracena: el «susto» que acabó enterrando las ansias de poder

Un intento de secuestro que acaba con la víctima liberada por sus propios medios, la supuesta implicación de un alto cargo del PSOE andaluz, antiguas rencillas sentimentales y políticas, la cercanía de las elecciones, dimisiones y pérdida del poder... Son los ingredientes del denominado «caso Maracena», una trama digna de un «thriller» de serie B que agitó la campaña electoral de los pasados comicios municipales y que continúa en primera línea de la actualidad tras la decisión del titular del Juzgado de Instrucción 5 de Granada, Josep Sola, de abrir una pieza separada para investigar la presunta participación de la ex alcaldesa socialista Berta Linares y del que fuera edil de Urbanismo Antonio García.

Berta y Antonio son dos nombres de una truculenta historia que cuenta con otros actores. El episodio más escabroso lo protagonizaron el pasado febrero Pedro Gómez, ex pareja de Berta, y Vanessa Romero, entonces concejal del Ayuntamiento. El juez relata en un auto la secuencia. Pedro esperó presuntamente a que Vanessa dejara a sus dos hijos en un colegio pasadas las 9:30. Le pidió que le llevara a Maracena con la excusa de que se había quedado sin gasolina. Una vez en el vehículo de la víctima, Pedro la apuntó presuntamente con una pistola negra y le pidió que entraran en el cercano embalse del Cubillas.

Con las muñecas y los tobillos atados con bridas, intentó meterla en el maletero sin éxito. Buscó otra opción. La ató en el asiento de atrás con el cinturón de su vestido y la amordazó. Salieron en dirección a Granada. Vanessa logró arrancarse la mordaza y le dijo que se estaba mareando. Entonces Pedro se desvió y detuvo la marcha en la esquina de un instituto. Emprendieron la marcha por la autovía, tomando la salida del centro comercial Nevada hasta llegar a un almacén en Armilla, alquilado por Pedro. Ahí liberó a la denunciante para hablar. Al forcejear ella, la introdujo en el maletero. Él abandonó el local dejándola dentro. Ella, según su declaración, consiguió salir y pidió ayuda a las 11:30. Mientras tanto, él se dirigió en metro a Maracena.

Pedro fue al Ayuntamiento para decirle a la alcaldesa lo que había hecho, pero no estaba allí. La encontró unos minutos después junto a una cafetería y ella le dijo que la víctima se había liberado y que la Policía le estaba buscando. Así que Pedro cogió el Metro para volver a Armilla. Se bajó en la parada del centro comercial Nevada y caminó desde allí al almacén. Al ver que había Policía, se metió en un portal para deshacerse de su abrigo y de su mochila. Cogió de nuevo el metro de vuelta a Maracena y en el trayecto hacia el cuartel de la Guardia Civil fue detenido.

La noticia estalló como una bomba. El juez decretó el ingreso en prisión sin fianza de Pedro y la alcaldesa se desvinculó del comportamiento de su ex, señalando sentirse devastada. Insistió en que no había ninguna trama de corrupción, puesto que se apunta que detrás del secuestro se esconde la supuesta ilegalidad de una gasolinera autorizada por el Consistorio. «Estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pero nunca esperaba que hiciera esto», aseguró en una rueda de prensa visiblemente afectada.

En su declaración, Pedro implicó a la alcaldesa, al concejal de Urbanismo y a Noel López, ex alcalde del municipio y ex número tres del PSOE andaluz. De él explicó que es quien le propone claramente hacer algo contra Vanessa. «Tú le das un susto y le quitas el teléfono móvil para destruirlo», son las supuestas palabras de López al autor de los hechos, según la versión de éste recogida en el auto.

El caso tiene varias vertientes políticas. De un lado, López se sitúa en el ojo del huracán en un momento en el que el partido está especialmente débil, tras perder las elecciones andaluzas de 2022 y, posteriormente, recibir otro duro varapalo en las municipales. Precisamente, dimitió de su cargo pasadas las elecciones del 28 de mayo. El ex dirigente socialista, que mantiene su acta de diputado en el Parlamento, aseguró que no tiene «vinculación alguna con los hechos» y recordó que no está «imputado». Comunicó su renuncia «temporal» porque debe «defender» su «inocencia y honorabilidad por encima de cualquier otra cuestión, al tiempo que preservar cualquier daño a la imagen del partido». El juez elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al ser aforado. Posteriormente, el Alto Tribunal la archivó por «falta de indicios sólidos» y devolvió el caso al Juzgado número 5 de Granada porque «no se han practicado diligencias esenciales de investigación», como las declaraciones de Berta o Antonio.

Otra fleco político es el impacto del caso en las elecciones municipales, con consecuencias nefastas para el PSOE. El partido ganó los comicios, pero perdió la mayoría absoluta. Berta dimitió, según dijo, para facilitar un pacto y evitar así la entrada de la «ultraderecha», pero este terremoto judicial había sentenciado su carrera. Mientras, avanzaba la negociación entre el PP y Vox y otras dos formaciones locales. Julio Pérez (PP), se convirtió en el alcalde de Maracena. El asunto empañó la campaña del PSOE andaluz, que sumó otro descalabro en la región.

Ahora, el caso vuelve al juzgado que inició la instrucción. Una historia con demasiadas sospechas en un momento convulso y con consecuencias impredecibles.