Migrar: ¿Delito o derecho?

Una de las grandes preguntas de nuestro tiempo es si todo el mundo podría tener derecho a migrar. Y quizás esta sea uno de los puntos clave en la gestión de la migración y en la implementación de las políticas migratorias.

Ya lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos señalando en su artículo 13.1 que «toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado», y en el apartado 2 que «toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del suyo propio, y a regresar a su país».

Visto el articulado de la declaración de los Derecho Humanos, «stricto sensu», no tendrían mucho sentido las barreras ni controles en las aduanas, y ese tránsito se podría hacer por cualquier punto del contorno fronterizo.

Sin embargo, todos los países, incluido el nuestro, exige que cualquier persona extranjera que pretenda entrar en territorio deba hacerlo por los puestos habilitados al efecto, y hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje en vigor que acredite su identidad.

Podemos deducir de todo ello, que lo irregular o alegal, si me permiten, no es migrar, sino vulnerar la frontera por un punto no habilitado y sin documentación.

Por lo tanto, la migración que pasa por eso puntos podríamos denominarla migración por viales legales, mientras que las otras estarían fuera de la legalidad.

Actualmente en nuestro país, somos muy garantistas y atendemos incluso a aquellas personas que quieren llegar a España por puntos no habilitados para ello, como aquellas personas que llegan en embarcaciones que rescata Salvamento Marítimo y que las lleva a determinados puertos donde el propio Ministerio del Interior habilita una especie de puntos para que puedan pasar la frontera, aunque no tengan documentación. Este sería el caso por ejemplo de puertos como de Arguineguín que a tantos le sonaran. Derecho a emigrar, como ven, por encima de la irregularidad de la llegada.

Sin embargo, hay otros países que actualmente están viviendo un intenso período de migración como EE. UU., que, en algunos de sus estados, como Arizona o Texas, están implementando una nueva propuesta. La inmigración irregular será un delito estatal y como tal será castigada por las leyes locales. Se impondrán cargos menores a quienes crucen la frontera por un puesto no habilitado o sin documentación, y a los reincidentes se acusarán de delitos graves. Aquí como ven es al contrario, se prioriza el delito al derecho a emigrar.

Volviendo a nuestro país, según fuentes de Unicef, más de 7.600 menores migrantes se han «fugado» de los centros de acogida en siete años. Esto representa casi 3 menores al día. Es decir, que hay 3 adolescentes extranjeros que todos los días prefieren marcharse de los centros a ser protegido, pero nadie se ha planteado la posibilidad de que sea el propio sistema de protección a la infancia el que esté ayudando a generar un flujo de personas menores del que se sirve algunos para entrar en Europa.

Pero es que, además, en protección internacional, el sistema que atiende a los refugiados, este 2023 hemos tenido 163.220 personas según CEAR que han llegado a España y han pedido adquirir el estatuto de refugiado, pero, sin embargo, solo el 4,2% de todas ellas lo han conseguido, lo que suscita también que muchos se sirven de ser peticionarios para estar en el país.

Migrar: ¿Derecho o delito? Un sistema virtuoso debería promover un marco para promover el derecho y que las personas se aparten de lo delictivo para emigrar. Un sistema virtuoso debería generar el menor marco posible para que las irregularidades lucren a mafias con la esperanza de los migrantes. Un marco virtuoso debería tender a generar sistemas cuyos buenos valores no se vean en entredicho y donde el derecho a migrar se promueva por vías legales.