Máxima preocupación

La nueva ley de Universidades tendrá unos "devastadores efectos económicos"

Andalucía envía una carta al ministro Joan Subirats reclamándole que modifique el texto

El ministro de Universidades, Joan Subirats, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado
El ministro de Universidades, Joan Subirats, durante una sesión de control al Gobierno en el SenadoJesús HellínEuropa Press

Las consecuencias económicas de la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) pueden ser "devastadoras". Así de contundente se expresa el consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en una carta que ha remitido al ministro de Universidades, Joan Subirats. Tal y como adelantó este periódico, la nueva norma no reconoce la labor investigadora y de excelencia del profesorado lo que podría provocar, según los afectados,m que afloren «universidades de primera y de segunda» en todo el país, según se mantengan o supriman lo que se entendía como un derecho consolidado.

No es el único efecto negativo. El Gobierno andaluz transmite en su carta su "preocupación" por las consecuencias que puede conllevar para el sistema universitario público de Andalucía la aprobación definitiva de la LOSU, tal y como está planteada, “ya que la rebaja de la docencia que prevé esta ley para los 1.300 profesores ayudantes doctores que existen en Andalucía provocará que queden sin cubrir 78.000 horas de docencia durante el curso académico 2023-2024”.

Esta situación provocará que serán necesarios 400 nuevos ayudantes doctores solo para ocupar esa docencia, “lo que conllevaría un coste adicional de 20 millones de euros” y aumentaría la cantidad si se optase por cubrir esos puestos con otras figuras distintas a la de ayudante doctor.

El responsable andaluz de Universidades solicita en su carta que "dado que aún estamos en plazo de modificación de la Ley durante su tramitación en el Senado”, el Ministerio de Universidades disponga alguna medida que dote de mayor financiación a las comunidades autónomas para que éstas, a su vez, puedan implementar las actuaciones necesarias con el fin de que las universidades puedan cubrir la docencia que quedará vacante el próximo curso sin poner en riesgo sus cuentas.