Personal y fondos europeos disparan el presupuesto andaluz de 2026

El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2026 alcanzará los 50.000 millones de euros, una cifra simbólica que será la más alta en la historia de unas cuentas públicas de la autonomía. Es cierto que la recaudación ha aumentado en los últimos años gracias al buen funcionamiento de la economía, lo que incrementa los ingresos vía IRPF e IVA fundamentalmente. Pero también suben los costes de los servicios que presta la Administración, el precio que hay que pagar por determinados proyectos de infraestructuras y los gastos de personal.

El presupuesto de 2019 fue el primero que aprobó el actual Gobierno del PP. En estas cuentas públicas, los gastos de personal con respecto al último año socialista se incrementaron en un 5,4% al incorporar los incrementos retributivos previstos en la legislación básica estatal y la reposición de efectivos autorizada. En total, en 2018 se presupuestaron 10.669.468.747 euros y en el proyecto de 2019 esa cifra ascendió a 11.246.845.678 euros. En el actual, esa partida ya va por 16.277.812.191 euros, un 4,2% más que en 2024, que se quedó en 15.618.884.450 euros. Es decir, entre 2018 y 2025, el incremento en retribuir a los empleados de la administración autonómica en casi 5.000 millones de euros –4.949.415.703 euros en concreto–.

El primer presupuesto no socialista de Andalucía, el de 2019, ascendió a 36.495,5 millones de euros, un 5% más (1.736 millones) que el último del Ejecutivo de Susana Díaz. Una de sus novedades fue la inclusión de un anexo de personal, costumbre que se ha ido manteniendo. En 2019, la Junta de Andalucía empleaba a 250.492 personas, de las cuales 223.053 eran funcionarios y 23.308 laborales. Se contabilizaban 169 altos cargos, 49 delegados y asimilados y 216 eventuales.

En 2025, el anexo de personal arroja los siguientes datos. La administración autonómica emplea a 277.311, de las que 253.554 son funcionarios y 23.252 son laborales. Por tanto, el incremento mayor se ha producido en el número de funcionarios: 30.501.

Por contextualizar esta cifras, el Servicio Andaluz de Salud, según el anexo de personal que acompaña al presupuesto de 2025, emplea a 115.725 personas. En 2019, ese mismo informe señalaba que eran 92.730 personas. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, señaló recientemente que la plantilla total del SAS en la actualidad que supera los 128.000 efectivos medios, un 27% más que en 2018. También ha asegurado que en materia de estabilización del empleo, el número de trabajadores fijos en el SAS ha pasado de 48.500 en 2018 a 79.606 en la actualidad, lo que supone un incremento de más del 64%.

Otra de las grandes partidas de gasto en materia de personal de las comunidades autónomas es la educación. En este ámbito, según el anexo de personal de este año, trabajan actualmente 120.352 personas, mientras que en 2019 la cantidad ascendía a 114.192 empleados.

Al margen del incremento en materia de personal, hay otras partidas que se han incrementando en los últimos años. En 2019, las transferencias procedentes de la Unión Europea sumaban 3.315,3 millones de euros. En concreto, las ayudas a rentas del FEAGA, respecto de las cuales la Comunidad Autónoma solo efectúa una labor de mera intermediación, eran de 1.551,0 millones de euros, mientras que los fondos del Marco Estratégico Común previstos eran de 1.764,3 millones de euros de acuerdo con la programación para el mencionado año.

En 2025, el Presupuesto ha incluido 1.568,3 millones de euros en concepto de ayudas del FEOGA, mientras que por transferencias para la cofinanciación de los proyectos que se ejecutarán en el ámbito de la programación europea se han contemplado 3.204,6 millones de euros, 126,2 millones más que en 2024.

Por tanto, el aumento presupuestario desde 2019 –36.495 millones de euros– al que se prevé para 2026 –50.000 millones– responde al incremento de las plantillas de la administración y al aumento de los fondos europeos. Igualmente, hay que sumar, entre otros factores, el incremento del coste de los servicios que ofrece la Junta de Andalucía.

Muchas de estas prestaciones, sobre todo en el ámbito sanitario y educativo, los ofrecen empresas externas a la administración. Es el caso, por ejemplo, de los servicios de comedor o transporte escolar. En este último caso, la Intervención General ha obligado a la administración a aumentar el precio de la licitación porque no cumplía los requisitos mínimos para cubrir el coste del servicio que prestan las empresas. De hecho, el contrato actual está prorrogado hasta el 8 de septiembre de este año y ya hay en marcha una nueva licitación que ha tenido que aumentarse un 8,4%. En otros casos, como el servicio de Atención Temprana, la Junta también ha aumentado el precio que paga por cada sesión/hora, que ha pasado 28 a 30,13 euros, una subida calificada de insuficiente por el sector.

El coste de la obra pública también ha aumentado y son muchas las licitaciones que se quedan desiertas.