Preocupa la seguridad en las costas andaluzas

Los trágicos sucesos de este viernes en Barbate, con el asesinato de dos guardias civiles embestidos intencionadamente por una narcolancha, han puesto en evidencia, una vez más, la falta de medios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para luchar contra el narcotráfico y las mafias que trafican con personas. Pero la situación no es exclusiva del Campo de Gibraltar, sino que se extiende por toda la costa andaluza.

La inmigración irregular aumentó en 2023 un 82,1% respecto a 2022 en toda España, incluyendo a las Islas Canarias y Baleares. Son datos oficiales del informe estadístico del Ministerio del Interior, que apunta que por vía marítima y terrestre llegaron a España 56.852 migrantes frente a los 31.219 del año anterior, es decir, un total de 25.633 más.

Este informe señala también que la marítima fue la vía mayoritaria de acceso a España, aumentando un 92,3%, con 55.618 personas frente a las 28.930 de 2022. Esta creciente actividad ocasionó también que el número de embarcaciones utilizadas para alcanzar las costas españolas se incrementarán en un 6,6%, con un total de 1.817, 113 más que en 2022.

Por su parte, los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a través de la Dirección General de Marina Mercante señalan que los Centros de Salvamento Marítimo ubicados en Andalucía (Huelva, Cádiz, Tarifa, Algeciras y Almería) coordinaron en 2023 el rescate, asistencia y búsqueda de 6.384 personas, lo que supone un 10% más que el año anterior, en las 1.418 actuaciones marítimas atendidas.

Aunque la presión migratoria se ha acentuado este último año en Canarias, Andalucía es la segunda comunidad autónoma elegida por las mafias para el tráfico de personas. A todo ello, se suma que los métodos utilizados se parecen cada vez más a los que utilizan las bandas de narcotráfico.

De hecho, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que el problema radica ahora en que la presión policial al tráfico de drogas en la provincia de Cádiz ha provocado que las mafias del narcotráfico hayan ampliado sus redes al tráfico de personas hacia Almería y Granada, al ser estas dos provincias un «punto débil». En este contexto, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se cuestionó ayer si las costas de la comunidad autónoma andaluza están «debidamente protegidas» por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actualmente. A tenor de los profesionales, la respuesta es «no».

Sin ir más lejos, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció este mismo fin de semana que el Servicio Marítimo de la Comandancia de Almería tiene que realizar servicios en coche patrulla porque el instituto armado no tiene «ninguna embarcación operativa» para poder navegar cuando hace «mala mar».

También en Granada se denuncia de manera frecuente por las organizaciones policiales y Guardia Civil la falta de medios y, en la práctica, la «ausencia de frontera» en la costa.

Con todo, en Cádiz la situación es especialmente grave porque el narcotráfico está más asentado en la zona sin que las medidas tomadas por el Ministerio del Interior hayan sido suficientes. Y, además, el departamento del ministro Fernando Grande-Marlaska se ha negado a declarar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad. Se trata de una solicitud histórica de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que en mayo de 2023 aprobaron de forma unánime todos los grupos políticos en el Parlamento de Andalucía, incluido el PSOE.

El texto aprobado por dotar a los agentes «de incentivos económicos y laborales que reconozcan la labor, y con ello realizar una actualización y aumento del catálogo de puestos de trabajo, contemplando un aumento de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esa zona de forma estructural y permanente, y no en forma de atribución temporal de funciones, e incluir a los agentes de aduanas del Campo de Gibraltar, puesto que en esta zona son equiparables en riesgo y trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como dotar y mejorar los medios materiales y tecnológicos a su alcance».

También abogaba por «dotar a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de medios materiales suficientes y acordes a la peligrosidad de sus funciones, entre otros, vehículos pesados y todoterrenos, así como patrulleras modernas y adaptadas para los Servicios marítimos de la Guardia Civil». Nada se ha cumplido.

Por todo ello, Juanma Moreno exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cese o pida la dimisión del ministro del Interior. «Ha pasado mucho tiempo, no podemos esperar ni un minuto más», sentenció.