Sanitarios, docentes, policías y educadores sociales, profesiones de riesgo

Las agresiones a los funcionarios públicos están aumentando de forma preocupante. Ese es el mensaje que trasladó la consejera de Salud de la Junta, Catalina García, en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Tras anunciar la constitución del Observatorio de agresiones a profesionales sanitarios, García explicó que este órgano servirá no solo para recoger datos y analizar qué está sucediendo en hospitales y centros de salud, sino también en otros ámbitos de la esfera pública.

«Este observatorio, constituido por sindicatos, asociaciones, letrados, Fiscalía, etc., tendrá la capacidad de ser interlocutor con observatorios de otras profesiones para compartir experiencias», apuntó la consejera. Porque, dijo, las agresiones no solo están aumentando entre sanitarios. Si en este colectivo han crecido un 8% respecto a 2022, en la comunidad docente nada menos que un 20% y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un 13% en los últimos dos años. según los datos que ofreció la titular de Salud.

Según la secretaria de Seguridad y Salud Laboral de CSIF Andalucía, Pilar González, «es necesario que se reconozca a los funcionarios como autoridad pública para que puedan ir recuperando el respeto de la ciudadanía». Una medida, subraya, que urge en un tipo de funcionario cada vez más expuesto: el de los trabajadores y educadores sociales de la administración pública. Estos trabajadores, explica González, «atienden a familias en situación de vulnerabilidad extrema, con problemas económicos, familiares, de vivienda» y, además, «cuando acuden a las visitas, normalmente en barrios problemáticos, acuden solos y sin ningún tipo de identificación como funcionario público». Una de las peticiones de los trabajadores y educadores sociales es que puedan firmar los informes, algunos tan delicados de pérdida de tutela, con un número identificativo como lo hace la Policía y no con sus datos personales. «Están expuestos a que se les reconozca y a que les sigan, les coaccionen y les agredan. como ya está sucediendo», recalca la portavoz de CSIF.

En cuanto al personal docente, según datos del sindicato mayoritario de enseñanza ANPE, en el curso 2021/2022, 180 docentes andaluces sufrieron agresiones, 15 más que el anterior. ANPE señala que cada vez los casos son «más complejos», en los que «confluyen situaciones de diversa índole que dificultan su resolución, como son: el estado anímico, el síndrome del profesor quemado, la sobrecarga burocrática, las elevadas ratios, la falta de recursos para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales...».

Acoso en redes

En el CSIF cuentan con el servicio «Ayuda profes» y, según informa la secretaria de Seguridad Laboral del sindicato, en 2022 recibió 1.000 solicitudes, un 23% más que en 2021. «En Primaria, lo que más detectamos son casos acoso al profesorado a través de las redes sociales por parte de alumnos y familias. En Secundaria hay muchos más casos de violencia física y verbal, los insultos y las amenazas que recibe la comunidad docente de la ESO es diaria. Eso genera bajas laborales, petición de cambios de centro, inestabilidad de las plantillas, que al final acaba repercutiendo en el alumnado», apunta González.

En el caso de las Fuerzas y de Seguridad del Estado, la portavoz del CSIF reconoce los riesgos inherentes de la profesión, pero «si hay algo que nos llama la atención, es que cuando un ciudadano denuncia a un agente por alguna circunstancia, el ayuntamiento pone a disposición del agente los servicios jurídicos municipales; en cambio, si recibe una agresión física y lo denuncia, no tiene esa prestación».

Ante este escenario, desde CSIF reiteran la necesidad de reconocer al funcionario como autoridad pública. « Es cierto que en el incremento de las agresiones influye la falta de recursos pero también percibimos que la sociedad no es como la de hace 30 años y se refleja en el comportamiento».