Salud

La Fiscalía presenta una denuncia contra el director de una residencia en Sevilla cerrada en mayo

Señala cuatro delitos en el funcionamiento, cuidados y gestión de la residencia

Un anciano sale de un centro residencial para mayores en Sevilla. María José López / Europa Press
Un anciano sale de un centro residencial para mayores en Sevilla. María José López / Europa PressMaría José LópezEuropa Press

La Fiscalía de Sevilla ha presentado este viernes una denuncia en el juzgado contra el director de la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, que fue clausurada a finales de mayo por la Junta debido a las graves deficiencias que presentaba.

La denuncia, según ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía, ha sido presentada a través del fiscal especializado en Discapacidad tras la investigación realizada por la propia fiscalía y la comunicación de las inspecciones de la Junta, y señala cuatro delitos en el funcionamiento, cuidados y gestión de la residencia.

Los delitos señalados son por abandono de personas con discapacidad y vulnerables necesitadas de especial protección, delito contra la integridad moral, delito de lesiones y falsedad en documento oficial.

La denuncia indica que desde el año 2018 no se ha prestado una asistencia adecuada “con un importante riesgo para la salud, por tanto para la vida e integridad de los mayores que estaban bajo su guarda de hecho”.

Se han encontrado alimentos caducados, como huevos, sin menú visado por especialista y alimentos almacenados bajo productos de limpieza; también se ha apreciado riesgo para la vida y salud por usar contenciones no homologadas y sin control”, lo que “entraña un grave riesgo de lesiones cuando no están prescritas por facultativo y controlados de manera exhaustiva”, subraya.

Además, se han registrado “importantes caídas frecuente en mayores con riesgo, por abandono y no cuidado directo a pesar de las enormes limitaciones de algunos de ellos”, así como una barandilla que no cumplía las normas de seguridad de incendios, entre otros.

De igual forma, se había superado la ratio de mayores, esencialmente dependientes, lo que supone “un grave riesgo para la salud al no contar con medios suficientes para atender a estas personas”.

Las inspecciones de la Junta a la residencia desde 2018 a 2020 ya recogía algunas irregularidades que debían ser subsanadas, como los incumplimientos sobre el registro de expedientes individuales, autorizaciones judiciales, firmas de contrato, contención mecánica, escasez de alimentos, visado de menú y la ocupación del centro con mayor número de grandes dependientes de los autorizados. Dichas irregularidades no se llegaron a subsanar en la nueva inspección de este año, lo que desembocó en el cierre de la residencia.