Un agente dice que el Ayuntamiento de Los Palacios sabía que las ayudas de los ERE eran finalistas

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles la segunda sesión del juicio promovido contra los exalcaldes socialistas de Los Palacios y Villafranca Emilio Amuedo y Antonio Maestre, así como contra la que fuera interventora municipal, por un presunto delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación derivado de una ayuda de 750.000 euros recibida por el Ayuntamiento palaciego con cargo a la partida 31L de los presupuestos autonómicos, de la que se nutría la trama de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

Mientras en el banquillo de los acusados se sientan Emilio Amuedo Moral, alcalde de Los Palacios hasta marzo de 2004; Antonio Maestre Acosta, alcalde desde junio de 2004 hasta 2011; y Trinidad Rodríguez Velasco por su papel como interventora municipal; en esta segunda sesión del juicio han declarado como testigos dos agentes de la Guardia Civil que participaron en la investigación policial de la gestión municipal de los citados fondos.

Los agentes han aludido así al protocolo firmado en marzo de 2003 entre Emilio Amuedo como alcalde de Los Palacios y Francisco Javier Guerrero, entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo, condenado por el "procedimiento específico" de financiación de los ERE fraudulentos y las ayudas arbitrarias y carentes de publicidad y fallecido en 2020; para que la Administración andaluza apoyase económicamente el proyecto planeado por el Ayuntamiento para levantar un centro ecuestre en la localidad.

En su comparecencia como acusado, dicho exalcalde manifestaba que estaba buscando financiación para tal proyecto y alguien le comentó que la Dirección General de Trabajo contaba con "ayudas puntuales"; tras lo cual contactó con Francisco Javier Guerrero, este le respondió que "pudiera ser" que hubiese fondos para un proyecto de esa naturaleza y después este le telefoneó para comunicarle que la Junta "tenía un protocolo y punto".

EL PROTOCOLO INICIAL DE 2003

En ese sentido, los agentes han constatado que Emilio Amuedo y Guerrero firmaron un protocolo para que la Junta inyectase una "ayuda excepcional" de seis millones de euros al Ayuntamiento palaciego, para la construcción de un centro ecuestre; pero sin que el Ayuntamiento formalizase ninguna petición oficial de subvenciones, sin que la Junta emitiese una concesión formal de la ayuda, sin ningún documento municipal de aceptación de los fondos, sin "plan de viabilidad" del proyecto y sin memoria justificativa del fin subvencionado, según han destacado.

Del mismo modo, han rememorado el convenio firmado posteriormente por Guerrero como director general de Trabajo con el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para que el mismo pagase más de 901.000 euros al Ayuntamiento de Los Palacios para el citado proyecto, con cargo a la partida 31L de los presupuestos andaluces, toda vez que posteriormente, según la Fiscalía, el Ayuntamiento recibió "tres pagos por importe total de 750.000 euros".

Más al detalle, en 2004 recibió 50.000 euros cuando Emilio Amuedo era aún el alcalde y ya en 2005, con Antonio Maestre como primer edil, obtuvo sendos pagos de 200.000 y 500.000 euros, siempre "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" para las ayudas públicas, según la Fiscalía, al no responder a ninguna base reguladora, no cumplir los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad ni ser acreditado el carácter "excepcional" supuestamente esgrimido.

FONDOS PÚBLICOS GASTADOS EN EL "DÍA A DÍA" DEL AYUNTAMIENTO

En ese sentido, mientras Antonio Maestre manifestaba en su comparecencia como acusado que los pagos de 200.000 y 500.000 euros realizados por la Junta al Ayuntamiento palaciego durante su etapa al frente del mismo fueron ingresados con el mero "concepto de ayuda económica", sin vínculo formal con el proyecto del centro ecuestre, siendo el dinero destinado a sufragar "el día a día" del Consistorio; uno de estos agentes ha asegurado que la documentación recabada refleja que se trataba de partidas "concretas" para el proyecto en cuestión.

Aludiendo por ejemplo a la primera entrega de 200.000 euros, este investigador de la Guardia Civil ha asegurado que "estaba claro que en el Ayuntamiento sabían" que esos 200.000 euros eran para el proyecto del centro ecuestre, exponiendo que la propia interventora municipal acusado en el caso "reconoció" tal extremo en su comparecencia policial.

Es más, según este agente, la interventora municipal habría contado a los investigadores que "año tras año recordaba" al alcalde Antonio Maestre que había que decidir "qué se iba a hacer" con esos fondos, planteando incluso la posibilidad de su devolución a la Junta de Andalucía. Dichas subvenciones, según ha dicho este agentes aludiendo al testimonio de la interventora municipal, eran "prorrogadas" anualmente, mientras ella insistía al alcalde según esta versión de los hechos en darle una solución al asunto.

Eso sí, este agente ha constatado que la interventora municipal no habría formulado reparos oficiales por escrito, considerando que esta funcionara habilitada nacional "debería haber puesto un reparo al alcalde o manifestar por escrito" sus avisos.