Leyes contra la democracia

La potestad legislativa condensa la esencia de la democracia. A través de la fabricación de leyes, el pueblo ejerce su soberanía. Pero en una democracia representativa, la única que se ha demostrado viable en sociedades del tamaño de los Estados actuales, esta potestad no es ejercida directamente por los ciudadanos, sino a través de las cámaras legislativas. Razón por la cual de los Parlamentos se dice que son la casa de la voluntad popular.

De ahí la gravedad de que la capacidad de producción de leyes –el medio que expresa la voluntad popular- sea utilizada para usos espurios, como cercenar la separación de poderes, impedir la fiscalización del Ejecutivo, limitar la libertad de expresión o comprar voluntades políticas para sostener al Gobierno en el poder u obstaculizar la deliberación y oposición parlamentaria.

La contradicción intrínseca a ese uso contaminado de las normas es que coloca a la democracia en la paradoja de actuar contra sí misma. En el mismo acto de realizarse materialmente (a través de una ley o decreto) se destruye o al menos se lesiona (con esa misma ley o decreto), manifestando un comportamiento patológico, similar al de quien para afirmar su libertad se ata las manos.

Desgraciadamente, en España últimamente se acumulan las iniciativas legislativas lastradas por esta dimensión patológica que pone en riesgo la salud de la democracia. Así, a finales del pasado año, el Gobierno presentó una llamada Ley de Bulos que convierte a Pedro Sánchez en el árbitro de lo que puede decirse y no en España. Los influencers con más de 100.000 seguidores tendrán que rectificar lo que el principal fabricante de bulos del país –o sea, el Gobierno- considere que es falso o, de lo contrario, defender sus derechos en los tribunales. De modo que quien tiene más poder, y todos los medios jurídicos para defenderse, recibe de la nueva norma más poder y derechos frente a quien tiene menos medios. Si la fiscalización del Gobierno es la esencia de la democracia, esta ley es justamente la democracia al revés, es decir, la degeneración de la democracia desde la libertad de expresión a la censura.

Peor aún para la calidad democrática, y más incisiva en el desgaste de los mecanismos de control del poder, es la proposición de ley recientemente registrada por el PSOE para limitar la acción popular en los tribunales: una iniciativa política que parece concebida con el único objetivo de anular ciertas causas o resoluciones judiciales que estorban al poder Ejecutivo. La producción de normas jurídicas ad hoc, expresamente diseñadas para dejar sin validez las sentencias y causas judiciales, es llevar la voluntad de injerencia y el acoso al Poder Judicial a unos niveles casi sin precedentes en las democracias europeas. El mensaje que lanza a los jueces es que por encima de ellos no solo están las leyes sino los responsables políticos que ostentan provisionalmente el poder. Si la aplicación de las leyes nos perjudica, hacemos otras…

… Y si aun con eso no basta, nombramos a dedo a los jueces. En el penúltimo ataque a la independencia de la Justicia, hace apenas una semana nos despertamos con el anuncio de una reforma legal para cambiar el acceso a la carrera judicial y colocar a jueces afines a través del cuarto turno, que permite acceder a juristas sin pasar por la oposición. Todo ello basándose en infundios y falsedades sobre una supuesta desigualdad de acceso brillantemente refutada por la presidenta del Consejo General, que ha demostrado con datos que el vigente sistema de acceso garantiza que cualquier persona, de cualquier procedencia y origen social y cualquiera que sea su ideología, puede competir en igualdad de condiciones apoyada exclusivamente en su esfuerzo individual.

Pero cuando ya pensábamos haberlo visto todo en el uso viciado de la potestad legislativa nos encontramos el decreto ómnibus, que utiliza la revaloración de las pensiones, las ayudas al transporte público y las ayudas a los afectados de la DANA para obligar a la oposición a tragar con el regalo de un palacete en París al PNV, a la aprobación de medidas que favorecen la inquiokupación, a la subida del IVA de los alimentos y al incremento de la factura de la luz. Se trata de un evidente chantaje político envuelto en la forma chusca y demencial de una norma que mezcla en un mismo paquete asuntos que no tienen nada que ver.

Cualquier persona cabal puede comprender que resulta totalmente ilógico abordar en una misma legislación el desarrollo de las energías renovables, los derechos económicos del fútbol, la financiación de los medicamentos y la protección de los menores frente a las redes sociales, por poner ejemplos de otros asuntos que no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Aparte de ser un chantaje, el decreto ómnibus del Gobierno lleva el ejercicio legislativo a una dimensión surrealista, verdaderamente esperpéntica, y además de pésima calidad democrática, pues desactiva o cercena en la práctica la posibilidad real de deliberación y oposición parlamentaria, obligando al todo o nada en cuestiones totalmente desconectadas.

Por eso cobra mucho valor el anuncio de nuestro presidente, Alberto Núñez Feijóo, de que la próxima semana, tras la rectificación del Gobierno ante las presiones de Junts para convertir el decreto ómnibus en otro minibús, votaremos a favor de la rectificación porque estamos a favor de la revalorización de las pensiones, de la continuidad de las ayudas al transporte y las de las riadas en la Comunidad Valenciana.