Los fallos en las pulseras electrónicas que protegen a las mujeres víctimas de violencia de género de sus agresores ha puesto en evidencia un sistema que aún tiene mucho camino que recorrer. Así lo denunció el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su memoria relativa al año 2024, en el que apuntó que había muchos aspectos relacionados con la prevención en los que había que seguir trabajando.

En el documento, el TSJA señala que uno de los aspectos en los que hay que trabajar con más «intensidad» es «en el campo de la prevención». Los jueces, que conocen de primera mano esta clara, abogan por «potenciar los aspectos psicológicos asistenciales, sociales y educacionales, así como seguir mejorando la capacidad predictiva en las causas de violencia machista».

Por ese motivo, señalaban que «es importante perfeccionar todo lo posible el seguimiento integral de cada caso de violencia de género, recopilando y compartiendo información en tiempo real procedente de todos los cuerpos policiales, así como de los servicios sociales y los órganos judiciales».

En este sentido, uno de los aspectos clave es desarrollar de manera más eficaz el sistema VioGen. El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) depende de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y entró en funcionamiento el 26 de julio del 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Su principal objetivo es «establecer una tupida red que permita el seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio nacional».

Por ese motivo, la memoria del TSJA apunta que «es necesario aumentar el porcentaje de Ayuntamientos integrados en el sistema VioGén (en Andalucía, un total de 277 municipios, lo que supone un 35,2 %), medida que implica un salto cualitativo en la protección de las víctimas y en la mayor coordinación posible entre todos los agentes implicados».

Esta petición no es gratuita. Los jueces consideran que « el tiempo es vital y cuando una víctima entra en el sistema, hay acceso inmediato al historial, a las medidas cautelares vigentes, al nivel de riesgo, etc., lo que permite detección temprana de factores de riesgo, probabilidad de reincidencia del agresor y el potencial homicida, asignación de recursos inmediatos y necesarios para garantizar que todas las víctimas reciban atención y protección».

Hay que señalar que Andalucía mantenía activos al cierre del pasado mes de agosto un total de 27.215 casos de violencia machista, cifra que equivale al 25,79% del total de 105.509 en vigor en el conjunto del Estado, según los datos del informe elaborado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, recogidos en el Sistema VioGén.

Del total de casos activos cinco de ellos se encuentran en un nivel de riesgo extremo, 252 alto y 3.367 bajo. Asimismo, de los más de 27.000 casos activos, 14.702 son con menores a cargo, además, de ese total no hay menores en riesgo extremo, pero sí que hay 16 en riesgo alto y 265 en medio.

Desglosado, Sevilla es la provincia que más activos registra, alcanzando los 5.950; le sigue Málaga con 5.190, de los que uno está en situación extrema; Cádiz registro a final de agosto 4.339 casos (uno extremo); la provincia almeriense contabilizó 3.144; Granada cerró agosto con 2.835 (uno extremo); Córdoba con un total de 2.334 (uno extremo); Jaén con 1.927 (uno extremo); y por último, la provincia que menos casos activos registra es Huelva, con 1.496.

En cuanto a las pulseras, Andalucía cuenta a 31 de julio de 2025, con 1.635 dispositivos activos, dato que ha experimentado una disminución del 1,4% respecto al mismo mes de 2024, cuando se registraron 1.658. Sobre este asunto, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, criticó que «no hemos sido informados en ningún caso, ni la Consejería de Justicia, ni mi compañera, la consejera de Inclusión Social, de este fallo de seguridad».

Nieto informó que ha solicitado información a sus ocho audiencias provinciales sobre si se han producido casos de desprotección entre mujeres en alguna de las ocho provincias, a raíz del fallo en las pulseras de seguimiento telemático de los maltratadores tras el cambio de contrato en su prestación. «Andalucía tiene la competencia en la prestación del servicio, pero no en los datos del funcionamiento de jueces, ni de fiscales, ni de letrados. Nuestro acceso a esa información es más compleja», justificó.