
Ley de dependencia
Galicia y Aragón "hicieron caja" con el aumento presupuestario en dependencia, según Gerentes en Servicios Sociales
Aragón ha reducido su gasto en atención a la dependencia durante el periodo del Plan de Choque

El Plan de Choque para la Dependencia (2020-2023), aprobado por el Gobierno español tras la pandemia, tenía como objetivo reforzar la atención a las personas en situación de dependencia mediante un incremento significativo en los recursos destinados a este fin. Este plan supuso un aumento del 138%en la aportación del Gobierno central para la financiación de la dependencia.
Sin embargo, un reciente estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales revela una gran disparidad en cómo las distintas comunidades autónomas han gestionado estos fondos, con algunas reduciendo su propio gasto en este ámbito.
El informe destaca que, junto con Aragón, dos comunidades autónomas disminuyeron su inversión en dependencia durante el periodo del Plan de Choque: Castilla y León (-34,7%), Galicia (-6,4%) y Aragón (-3,2%). Esto resulta especialmente preocupante, ya que, en lugar de aprovechar el aumento de los fondos estatales para mejorar los servicios, estas comunidades optaron por reducir su propia financiación.
El plan de dependencia en Aragón
En el caso específico de Aragón, el informe revela que la comunidad autónoma ha reducido su gasto en atención a la dependencia durante el periodo del Plan de Choque, con un recorte del 3,2%. Aunque este porcentaje es menor que en otras comunidades como Castilla y León o Galicia, Aragón se sitúa por debajo de la media nacional en cuanto a inversión por persona dependiente.
En concreto, la comunidad destina 1.536 euros por persona al año, una cifra inferior a la media española de 1.825 euros. Esto refleja que la reducción del gasto ha afectado la capacidad de la región para atender adecuadamente a su población dependiente, lo que ha generado dificultades para responder a las crecientes necesidades de este colectivo vulnerable.
El informe también destaca que Aragón se encuentra entre las comunidades autónomas que menos porcentaje de su presupuesto destina a la atención de la dependencia. Con un 63,2% de financiación propia en este ámbito, la comunidad se mantiene alejada del promedio nacional del 71% y mucho más lejos de regiones como el País Vasco, que destina un 83,9% de su presupuesto.
¿Cómo funciona el sistema de dependencia?
En 2023, la inversión total en atención a la dependencia ascendió a 11.522 millones de euros, de los cuales el 71% fue aportado por las comunidades autónomas y el 29% por el Gobierno central. Sin embargo, el estudio destaca la existencia de desigualdades territoriales importantes en cuanto a la inversión por persona dependiente.
El informe también señala que, entre 2015 y 2020, se observaba una tendencia alcista en la financiación de la dependencia por parte de las comunidades autónomas. Sin embargo, esta tendencia se rompió en 2021 con el inicio del Plan de Choque, cuando algunas comunidades aprovecharon el aumento de fondos del Gobierno central para reducir su propia inversión.
Como resultado, la aportación de las comunidades cayó un 13% entre 2021 y 2023, lo que ha limitado la efectividad del Plan de Choque. Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, esta reducción ha mermado la capacidad del sistema de dependencia para ofrecer una atención adecuada y ha perpetuado las desigualdades entre territorios.
Las largas listas para las prestaciones de dependencia
Uno de los datos más impactantes del informe es el que revela que actualmente hay 292.792 personas en lista de espera para recibir prestaciones de dependencia en España, y que cada 15 minutos fallece una persona sin haber recibido las ayudas que le corresponden.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales denuncia que los derechos garantizados por la Ley de Dependencia han sido convertidos en "derechos efímeros y de papel", ya que muchas personas no llegan a beneficiarse de las prestaciones debido a la burocracia y a los recortes en la financiación.
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