Cada 15 minutos muere alguien en espera de ayudas a la dependencia

Se cumplen 18 años desde que se aprobara en España la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, comúnmente conocida como «ley de dependencia», que surgió con el fin de «atender las necesidades de aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía».

La mayoría de edad de la norma podría ser motivo de celebración si no fuera porque, en vista de los últimos datos, se demuestra que está lejos de cumplir sus objetivos. Y es que solo el año pasado murieron 40.447 personas estando en las listas de espera para acceder a los servicios y prestaciones que garantiza la ley. Los datos relativos a 2024 tampoco alojan claridad: en los primeros seis meses del año, cada 15 minutos falleció alguien mientras gestionaba los trámites burocráticos para acceder a ayudas que le permitan vivir de manera independiente. El panorama se convierte en especialmente preocupante al tener en cuenta que la población española es una de las más envejecidas de Europa, por lo que el número de ciudadanos que precisará de servicios para la dependencia no dejará de aumentar en los años venideros.

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (Aedgss) difundió en el día de ayer datos relativos a la financiación de la dependencia, alertando de las desigualdades existentes entre comunidades autónomas. En 2023, la inversión pública en Atención a la Dependencia fue de 11.522 millones de euros. Las comunidades autónomas invirtieron 8.320 millones (71%), mientras que la cuantía asumida por el Gobierno Central fue de 3.292 millones (29%). «El peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015-2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, cuando el incremento en la financiación aportada por la Administración General del Estado (AGE) mediante el plan de choque (2020-2023) es utilizado por algunas autonomías para retirar parte de su financiación», explica la Aedgss.

Entre 2021 y 2023, el peso de las comunidades en la financiación cayó un 13%. Castilla y León (-34,7%), Galicia (-6,4%) y Aragón (-3,2%) fueron las regiones que más recortes realizaron entre 2020 y 2023 en ayudas a la dependencia. La Aedgss tacha de «especialmente sangrantes» las reducciones en el territorio gallego, que se alza como la comunidad con menor porcentaje de personas atendidas sobre la población especialmente dependiente, un 16% frente al 23% de media nacional. Las regiones que más invierten en dependencia por persona al año son País Vasco (2.848 euros); Extremadura (2.599) y Navarra (2.413); mientras que a la cola se ubican Murcia (1.504 euros), Canarias (1.248) y Galicia (1.073).

Esto resulta paradójico al tener en cuenta que las regiones con peores datos son las que más financiación han recibido por parte de la AGE. «Los Gobiernos de Castilla y León, Galicia y Aragón hicieron caja con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado para dependencia durante el plan de choque, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes», vela el informe difundido por la Aedgss.

Un problema de todos

«Hay que denunciar el incumplimiento de las Administraciones Públicas que han convertido derechos subjetivos en derechos efímeros y de papel. Se trata de una política de interés de la ciudadanía, ya que en un importante porcentaje forma parte del ciclo natural de la vida, y muchas personas acabaremos estando en situación de dependencia», denuncian desde la Aedgss. A día de hoy, 292.792 personas están en las listas de espera para acceder a ayudas que el Estado garantiza pero no da. O al menos, no a tiempo.

La semana pasada, la Fundación Viatris para la Salud publicó un documento con el fin de comprender la evolución, el presente y los desafíos futuros del Sistema Nacional de Salud (SNS) en España. En él, quedaba perfectamente establecido cuál es el principal reto al que nos enfrentaremos como sociedad: en solo 7 años, cerca de 1 de cada 4 personas tendrá 65 o más años. Esto es lo mismo que afirmar que, en menos de una década, será muy probable que 1 de cada 4 ciudadanos precise de ayuda para gozar del derecho a tener una vida independiente.

«La progresión hacia una población cada vez más envejecida, con un pronóstico de que en 2050 habrá prácticamente el doble de personas mayores de 70 años que niños en edad pediátrica, pone de relieve la importancia de abordar de manera proactiva las consecuencias de este cambio demográfico», indican desde Viatris, que también pone de manifiesto el «papel central» que juegan las autonomías en lo que se refiere a la planificación, organización, gestión y evaluación de los servicios de salud. Actualmente, gestionan 9 de cada 10 euros del presupuesto sanitario público.

Responder de forma integral a las necesidades de una población envejecida, que cada vez será más dependiente, será un reto amplio e inmediato para todas las regiones de España.