Acusaciones populares prevén pedir al menos dos años de cárcel para García Ortiz

Aunque la calificación jurídica que pueda realizar el juez instructor no vincula a las acusaciones, el magistrado Ángel Hurtado delimita ya en el auto de procesamiento la conducta penal que atribuye al fiscal general del Estado por la supuesta divulgación de datos reservados del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una imputación que ciñe al delito de revelación de secretos del artículo 417.1 y 2 del Código Penal. Esa distinción no es baladí. Por un lado, la revelación por parte de una autoridad o funcionario público de informaciones que conozca por razón de su cargo (artículo 417.1) «que no deban ser divulgados» prevé un castigo que va desde una multa y una pena de inhabilitación hasta una pena de prisión de uno a tres años (si hay un «grave daño para la causa pública o para tercero»).

Por otro, el artículo 417.2 del Código Penal contempla penas de dos a cuatro años «si se tratara de secretos de un particular» (además de una multa y la suspensión de empleo o cargo público durante un plazo de uno a tres años).

Y es precisamente por esta última modalidad por la que se decantan al menos tres de las seis acusaciones populares consultadas por LA RAZÓN, que disponen de diez días hábiles (hasta el próximo día 24) para presentar sus escritos de acusaciones o pedir el archivo del procedimiento.

Lo que supone que si acusan a García Ortiz del delito de revelación de secretos del 417.2 solicitarán al menos dos años de cárcel para el fiscal general del Estado, tal y como han corroborado a este periódico las acusaciones populares consultadas.

Además de la acusación particular que ejerce González Amador, como acusaciones populares figuran el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Manos Limpias, Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír y Vox. La Fiscalía también ejerce la acusación, pero durante todo el procedimiento ha ejercido más como defensa de García Ortiz y volverá a pedir el archivo.

Prevaricación y hasta apropiación indebida

Pero el de revelación de secretos no será el único delito que incluyan esos escritos de la acción popular. APIF también incluyó el delito de prevaricación (que en todo caso no lleva aparejada pena de prisión, sino únicamente de inhabilitación) en el escrito en el que solicitó el procesamiento del fiscal general y tiene intención de mantener esa imputación pese a que el propio instructor ha descartado en una de sus últimas resoluciones que existen indicios fundados de la comisión de este delito.

Otras acusaciones, como Manos Limpias, tienen previsto plantear de forma subsidiaria (ya lo hizo al solicitar el procesamiento de García Ortiz) una acusación por un delito de infidelidad en la custodia de documentos (castigado con penas de multa e inhabilitación). E incluso alguna acusación baraja también imputar al máximo representante del Ministerio Público un delito de apropiación indebida (o incluso de malversación) por no haber devuelto el móvil que utilizó en las fechas clave de la supuesta filtración.

«Esto es claramente una revelación de secretos del artículo 417.2 del Código Penal», apuntan fuentes de la acción popular, que consideran que al haberse producido un daño a un particular (González Amador) «la petición de condena no puede ser inferior a dos años de prisión».

El juicio, como pronto en otoño

Otra de las cuestiones que deben sopesar las acusaciones es si pondrán sobre la mesa es la comisión de un posible delito continuado, «dado que el instructor también se refiere a la nota de la Fiscalía en su resolución». «Lo más complicado será delimitar la lista de testigos», apuntan en relación a la elaboración de esos escritos de acusación.

Pero, al mismo tiempo, reconocen que el juez Hurtado «nos ha hecho mucho trabajo: el relato de hechos va a ser sustancialmente el mismo» del que detalla de forma minuciosa el instructor en su auto de procesamiento.

Dado que algunas de las acusaciones populares tienen previsto apurar el plazo para presentar sus escritos de acusación, la previsión es que Hurtado dicte el auto de apertura de juicio oral como muy tarde a principios de julio. Una vez dé traslado a las defensas de los investigados (además de García Ortiz, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez), estos dispondrán de otros diez días para presentar sus correspondientes escritos exculpatorios.

Con esas previsiones, el juicio podría celebrarse el próximo otoño o como tarde a final de año, aunque algunas fuentes descartan que sea en diciembre, porque las festividades de ese mes desaconsejan –argumentan- celebrar una vista oral «de dos o tres semanas» sin una mínima continuidad.