Fernando Grande-Marlaska
Guardianes de la naturaleza para acabar con el crimen medioambiental
España inicia, junto a Portugal, un programa pionero para luchar contra los delitos contra la flora y fauna, la tercera actividad más rentable para las organizaciones mafiosas
España inicia, junto a Portugal, un programa pionero para luchar contra los delitos contra la flora y fauna, la tercera actividad más rentable para las organizaciones mafiosas
Cada año casi tres millones de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos salen fuera de Europa de forma ilegal; unos 26 millones de aves mueren por la caza furtiva en el Mediterráneo; más de 500.000 hectáreas de bosque han ardido en los últimos 20 años en Europa (el 95% de ellas en la cuenca mediterránea) y más de 18.500 animales han sido envenenados en ese mismo tiempo. Estos son algunos de los crímenes que encabezan la lista de delitos contra el medio ambiente. Unas actividades delictivas que ya «se han convertido en una de las más rentables para las organizaciones criminales», en palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Esta semana España ha dado, junto a Portugal, un paso decisivo para luchar contra este tipo de actividades. Se trata del proyecto «Guardianes de la Naturaleza», un programa Life financiado por la Unión Europea y capitaneado por la ONG SEO/BirdLife, y en el que participa la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la «Sociedade Portuguesa para o Estudio das Aves» y el Seprona de la Guardia Civil. Cuenta además con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y, por primera vez en Europa, con un Ministerio del Interior (el liderado por Grande-Marlaska). «Los delitos contra el medio ambiente son una ataque contra la naturaleza y también contra la salud. La Comisión Europea considera prioritario luchar contra ellos», señala Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, quien recuerda que España se convierte con este Life en pionera en Europa en este ámbito.
Los llamados crímenes ambientales sigue siendo la principal amenaza para la conservación. Sólo en España, y según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, entre 2016 y 2017 hubo más de 8.000 procedimientos judiciales de los que unos 2.000 concluyeron en sentencias condenatorias y 1.200 fueron archivados. «Eso significa que el crimen medioambiental es todavía cotidiano en España», afirma Asun Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife. No hay que olvidar que esta semana la Constitución ha cumplido 40 años y que ya entre sus artículos se recoge el disfrute de un medio ambiente digno como un derecho fundamental de todos los ciudadanos. Entre las medidas que se van a tomar en el ámbito de este proyecto destaca la mejora a la hora de recabar datos; revisar los marcos normativos y analizar las motivaciones de los individuos o entidades que delinquen; fortalecer la capacidad operativa y formativa de la policía y cuerpos de seguridad, y sensibilizar a los colectivos que cometen este tipo de delitos.
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