Premiar el trabajo, no la riqueza

Este es el título elegido por el reciente informe de Oxfam que pone su acento en el escandaloso aumento de las desigualdades. La crisis económica y la insolidaria salida de la misma están generando una cúspide de ciudadanos cada vez más enriquecidos y una base de la población con salarios cada vez más reducidos que se están empobreciendo.

El año pasado el 82% del crecimiento económico mundial fue a parar al 1% más privilegiado. Y mientras ese 1% acumula cada vez más riqueza, la brecha entre ricos y pobres se acrecienta.

De ese 1% de súper ricos, el 90% son hombres. La desigualdad económica y la desigualdad de género están estrechamente relacionadas. No sólo porque los hombres reciban salarios más altos que las mujeres por hacer un mismo trabajo, sino también porque son ellos los que ocupan la mayoría de los puestos mejor remunerados y con mayor reconocimiento social.

En España, pese a las noticias de crecimiento del país en los últimos años, muchos españoles no lo están percibiendo. Con más de 10,2 millones de personas cuya renta se sitúa por debajo del umbral de pobreza en 2016, y con una tasa de pobreza total del 22,3%, la más alta desde 1995. Somos el tercer país con un mayor porcentaje de pobres de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía y Bulgaria. Porque la recuperación económica ha favorecido cuatro veces más a los más ricos que a los más pobres. De hecho, entre 2013 y 2015, 29 de cada 100 euros provenientes del crecimiento económico ha ido a parar al 10% con rentas más altas, mientras que apenas ocho de cada 100 han terminado en manos del 10% más pobre.

Informes como éste están evidenciando que la codicia descontrolada de las grandes empresas está acelerando la desigualdad y la inseguridad. Se necesita una negociación colectiva más amplia que permita un reparto más justo de rentas y reequilibrar la economía mundial en beneficio de todos, evitando esa excesiva concentración de la riqueza en tan solo el 1% de la población.

Precisamente, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas se han comprometido en septiembre de 2015 a reducir la desigualdad en el décimo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible a alcanzar en 2030. La agenda que debe guiar los pasos de la comunidad internacional para conseguir un mundo mejor y más justo en 2030. Según el Objetivo 10, los Gobiernos deben mejorar el nivel de vida del 40% de población más pobre en cada país y lograr una mayor igualdad mediante políticas fiscales, salariales y de protección social. Para conseguir ese objetivo deben abordarse otros como el primero, que fija erradicar la pobreza extrema en el plazo establecido; el cuarto, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos; el quinto, que establece lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas; o el octavo, que pretende lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Los Gobiernos deben establecer objetivos concretos, con plazos específicos y planes de acción para reducir la desigualdad. Para erradicar la pobreza extrema, debemos terminar también con la riqueza extrema. La fiscalidad es un instrumento muy eficaz para ello. ¿Para cuándo gravar, al menos de igual manera, las rentas del trabajo y las del capital?

¿Para cuándo eliminar y prohibir los paraísos fiscales? No olvidemos que las fortunas de los súper ricos aumentan aún más porque evaden y eluden impuestos, gracias a una red mundial de paraísos fiscales. En esta materia urge mejorar la transparencia, mediante la adopción de una lista negra objetiva de los paraísos fiscales más agresivos. Para después poder imponer sanciones contundentes y automáticas contra las empresas y las personas que hagan uso de ellos.

Ojala vayamos hacia un modelo de empresas que den prioridad a un reparto de los beneficios más justos y equilibrados entre todos los stakeholders involucrados en su gestión, especialmente los trabajadores. El modelo de las cooperativas puede servir de ejemplo. Porque las actuales diferencias salariales en el seno de las empresas, entre directivos y empleados, tan sólo perpetúan e incrementan las desigualdades. Según Oxfam se deberían establecer techos a los beneficios de los accionistas y promover una ratio salarial por la que los directivos de las empresas no ganasen más de 20 veces el salario mediano de sus empleados.

En materia de igualdad de género, se deben adoptar políticas para hacer frente a todas las formas de discriminación de género, promoviendo normas sociales y comportamientos positivos hacia las mujeres y hacia el trabajo que desempeñan; y reequilibrar los espacios de poder en todos los niveles, apostando por la corresponsabilidad de hombres y mujeres en las tareas en el hogar. También los Gobiernos deben derogar leyes que discriminen en contra de la igualdad económica de las mujeres, y adoptar normas que protejan los derechos de las mujeres y eliminen la brecha salarial de género.

La desigualdad crece cada día. Las personas trabajadoras están frustradas, sus salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. En España los empleos que se están creando en la recuperación son en su mayoría precarios, temporales y de salarios muy reducidos. Para que esta incipiente recuperación no se comprometa es necesario aumentar los salarios, teniendo en consideración el coste de la vida, para fomentar el consumo y la demanda interna.

Debemos trabajar para desarrollar economías más humanas, que tengan como objetivo principal lograr una mayor igualdad y un mundo más justo para las futuras generaciones. Porque la creciente brecha entre ricos y pobres limita las oportunidades para prosperar y, en consecuencia, reduce no sólo el bienestar económico y social de las personas sino también el propio crecimiento.