Verdades y mentiras del Sistema de Financiación

Ante la próxima negociación del Modelo de Financiación, es importante olvidar los tópicos y poner encima de la mesa las realidades y problemas que se deben resolver en una materia tan importante para la prestación de los servicios públicos.

En España se da una circunstancia que no concurre en el resto de Estados federales o descentralizados. Aquí, las regiones que más aportan -con Madrid a la cabeza- obtienen menos financiación para prestar los servicios públicos que las comunidades receptoras de fondos de solidaridad. Para justificar esta situación se escucha, en ocasiones, que “los territorios no aportan, los que aportan son los ciudadanos”. Desde luego, esta afirmación es completamente cierta, pero lo que no es de recibo es que aquellos ciudadanos que contribuyen en mayor medida a la solidaridad sean castigados por la vía de que su gobierno regional reciba menos recursos para prestarles los servicios públicos a los que tienen derecho.

Un tópico muchas veces repetido en el debate político es que a la Comunidad de Madrid le sobran los ingresos porque baja los impuestos. La realidad es precisamente la opuesta. Los gobiernos madrileños llevan 14 años rebajando los impuestos con la exclusiva intención de generar más riqueza y empleo y obtener una mayor recaudación para compensar, al menos parcialmente, su menor financiación y poder prestar mejores servicios públicos y actuaciones de inversión.

Otro tópico, en ese caso, “topicazo”, es la supuesta armonización fiscal que abanderan aquellos presidentes autonómicos que han destacado por una peor gestión económica y de la cosa pública. La realidad es que en el año 1996 se otorgaron competencias normativas sobre los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas.

A tal efecto, se decidió que esa capacidad se desarrollara solo sobre determinados impuestos y hechos imponibles, no sobre todos los tributos. Igualmente, se establecieron límites y márgenes de actuación dentro de cada figura impositiva. En ambos casos, estas restricciones se crearon, precisamente, con el objetivo de que no existieran disfunciones en el sistema fiscal y para evitar una competencia fiscal perniciosa. Por ejemplo, se prohibió a las Comunidades la posibilidad de introducir deducciones en el IRPF que afectaran a la inversión empresarial.

Por tanto, desde 1996 las comunidades han tenido las mismas reglas del juego -diseñadas expresamente para evitar desajustes no deseados- dentro de las cuales han podido desarrollar cada una su política fiscal. En este escenario, todas y cada una de ellas han sido corresponsables de las decisiones tomadas, puesto que han tenido efectos destacados sobre su recaudación y su situación económica. Retroceder en esta materia, como piden los presidentes que peores resultados han cosechado, sería perjudicial desde el punto de vista de la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal, e injusto para los ciudadanos de aquellas regiones que han sido más eficaces a la hora generar más riqueza y empleo.

Tras hablar de tópicos, conviene finalizar con una realidad: históricamente la Comunidad de Madrid ha estado financiada por debajo de la cuantía que debería recibir en función de su número de habitantes y del coste de la prestación de los servicios públicos. Esta lacra se veía compensada por la destacada eficiencia de los gobiernos de esa región a la hora de prestar servicios a los ciudadanos y realizar inversiones de gran calado. Desgraciadamente, esta situación se desniveló de una manera destacada por el Sistema de Financiación del año 2009. Ese modelo se diseñó por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para mejorar los recursos de Cataluña -de acuerdo a lo previsto en su Estatuto de Autonomía- y del gobierno socialista de Andalucía. El problema de Madrid surgió como consecuencia de que las medidas que favorecían a Cataluña también podían ser positivas para nuestra región y, por eso, se alteraron de manera perfectamente planificada las fórmulas, los fondos, los tramos de edad de población, etc. para que Madrid no obtuviera los mismos beneficios que Cataluña o Andalucía. Luego llegó la crisis y no se benefició casi nadie, pero Madrid sufrió un perjuicio adicional, respecto al resto de regiones, que se puede valorar en la cifra de 1.000 millones de euros anuales.

Esperemos que en el nuevo Sistema de Financiación, que ahora se empieza a negociar, se olviden los tópicos y las injusticias del pasado, y que se otorgue una financiación justa a todas las comunidades, incluidas aquellas como Madrid que destacan por su solidaridad con las regiones más desfavorecidas y por su contribución al progreso económico de toda España. Estoy seguro que el hecho de que Madrid haya llevado a cabo políticas económicas que han favorecido a los madrileños y a toda España no será un demérito en el nuevo escenario que se abre.