Basta ya de imposición

La aplicación extrema de la ideología ya está aquí. La historia parece no servir de guía a los responsables políticos que encaran esta primera mitad del siglo XXI y se repiten errores del pasado. Los conflictos sociales son innumerables si ponemos un foco mundial. Las guerras son su peor y más despreciable exponente en la escala de valores del sectarismo y la falta de diálogo donde Siria es un ejemplo trágico del fracaso de la política.

Los líderes de medio mundo parecen escorados en sus posiciones y los medios de comunicación fiscalizan sus actuaciones (allá donde pueden). Nombres como Nicolás Maduro, Kim Jong-un, Bassel Al-Assad, Raúl Castro o Rodrigo Duterte salen a la palestra por sus prácticas más que cuestionables al frente de sus países y otros como Donald Trump, Theresa May o Alexis Tsipras viven inmersos en una vorágine de críticas por su modelo migratorio, económico o territorial.

Vivimos tiempos en los que, por desgracia, el diálogo cotiza a la baja y en España muchos líderes políticos están tomando nota de los peores ejemplos. En Podemos las peleas cainitas son moneda de pago corriente. ¡Si hasta el secretario general de esta formación en la Comunidad Valenciana, Antonio Montiel, ha afirmado que los métodos de Pablo Iglesias son como los de Franco! Queda todo dicho.

Pedro Sánchez sigue anclado en su “no es no”. Pobre PSOE. Y el tripartito que sustenta la Generalitat Valenciana mantiene vivo su único nexo ideológico que no es otro que aplicar, como dicen ellos, “un cordón sanitario al PP” al que buscan desterrar de todas las instituciones a modo de limpieza ideológica pese a que representamos a casi un millón de valencianos según lo emanado de las urnas en las últimas elecciones generales.

El problema es que estos pretendidos líderes del tripartito valenciano lejos de impulsar una agenda social que mejore la situación de los ciudadanos han extendido el “cordón sanitario” a los habitantes de Valencia, Alicante y Castellón. La imposición ideológica y el arrinconamiento de todas las personas que no estén en sintonía con la “línea oficial” ha empezado de manera abrumadora.

La educación ha sido utilizada por PSPV, Compromís y Podemos como tubo de ensayo de sus prácticas de adoctrinamiento social desde la base de la pirámide. Su plasmación se ha producido recientemente (el pasado 27 de enero) con un Decreto que propone que en todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos se aplique el programa de plurilingüismo que supone, en la práctica, la discriminación del castellano en favor del valenciano rompiendo la igualdad que debe regir en una comunidad bilingüe.

La Comunidad Valenciana goza del privilegio de tener dos lenguas cooficiales que enriquecen la historia y el acervo cultural de los valencianos. La convivencia de ambas ha sido y es un ejemplo de madurez y respeto de los valencianos. Sin embargo, este plan impuesto por la Generalitat establece diferencias, ya que si un alumno recibe más horas lectivas en valenciano podrá lograr la titulación máxima de inglés (B1), mientras que quienes reciban más horas en castellano no obtendrán esa certificación y se quedarán en el nivel básico de inglés.

Supone, en realidad, una discriminación de los alumnos en función de la lengua que utilizan, algo que prohíbe el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana en su artículo 6. Los centros deben escoger una línea, en valenciano o en castellano, bajo el pretexto de que así no se discrimina a los alumnos dentro de un mismo centro. Pero ese agravio sí se produce con los alumnos de otros centros. Los padres deben tener la posibilidad de elegir con libertad y no tener que elegir entre una de las dos lenguas cooficiales para que sus hijos puedan tener un nivel alto de inglés porque se rompe la equidad de las dos lenguas cooficiales.

En la Comunidad Valenciana hay zonas castellano hablantes como la comarca de Utiel-Requena; el Alto Vinalopó; el Rincón de Ademuz y la Vega Baja, entre otras, y no se puede condenar a que los niños y niñas de estas zonas tengan que pagarse en academias privadas una alta capacitación en inglés, mientras que en otras se consiguen con fondos públicos por el mero de hecho de estudiar en valenciano.

Basta ya de imposiciones. Por eso hemos presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se inste al Gobierno a “velar por los derechos lingüísticos en aquellas comunidades autónomas con lengua cooficial que limiten los derechos y oportunidades de los alumnos en función del modelo lingüístico en que reciban la enseñanza”, como es el caso que nos preocupa. Y también pedimos que se garantice “la efectiva libertad de los padres en la elección de la educación que quieren para sus hijos de acuerdo con los principios constitucionales”.

Este tripartito es sectario e impositivo. El PP no va abdicar de su función actual de ejercer la oposición y vigilar los excesos de la Administración autonómica que pretende eliminar los centros de educación concertados, así como la colaboración público-privada en la Sanidad valenciana y ahora ejecuta por decreto una política lingüística de erradicación de la libertad de elección en la Comunidad Valenciana. Libertad frente a imposición.