Golpe de timón a la economía

Una de las prioridades que el Partido Popular se ha fijado como alternativa de gobierno en la Comunidad Valenciana para 2019 es impulsar el gran potencial económico de la región y recuperar valores cada vez más cercanos a los alcanzados antes de la crisis que estalló con fuerza en 2008 y perjudicó a las empresas, los salarios y el trabajo de las personas. El tripartito no ha logrado que baje el desempleo juvenil -que en casos como la ciudad de Valencia ha crecido- y tampoco el colectivo de desempleados de larga duración. No podemos seguir así.

La inversión extranjera es otro borrón en esta gestión de PSPV, Compromís y Podemos. En 2016 se ha producido una fuga de inversores (ha caído un 37% y apenas supone el 0,7% del total nacional) por las decisiones caprichosas e inseguridad jurídica que han generado estos grupos políticos. Ha ocurrido con proyectos como el de Puerto Mediterráneo en Paterna que ha bloqueado una inversión de 800 millones de euros, sin mucha explicación, y ha enfrentado a los socialistas del citado municipio con Ximo Puig.

El sectarismo también ha provocado la marcha de ARC Resorts que proponía invertir 1.000 millones de euros y crear 20.000 puestos de trabajo en la Marina Real de Valencia. El alcalde Joan Ribó los tiró a cajas destempladas despreciando un posible impacto sobre el PIB regional de 11.000 millones. Estas actuaciones provocan que esta autonomía que debería ser un polo de atracción por su posición geoestratégica esté muy por debajo de sus posibilidades.

Es por ello que en la ponencia económica que el PPCV llevará a su congreso regional de los días 1 y 2 de abril hablamos sobre cómo generar seguridad jurídica a inversores serios y solventes. Nos centraremos igualmente en el fomento de políticas activas de empleo que mejoren los colectivos más golpeados por la crisis y en la mejora de las retribuciones.

En este germen del programa electoral que llevará por título “La ruta de las oportunidades” se afrontan otros retos de futuro como el adelgazamiento de la Administración autonómica donde los funcionarios deben tener metas claras e incentivos salariales en función de los objetivos conseguidos.

Necesitamos abandonar el camino de prohibiciones, imposiciones y limitaciones actuales y recuperar la capacidad de acción económica de los ciudadanos mediante una reducción impositiva, entre otras del IRPF, al igual que la recuperación de la bonificación del 99% del gravamen sobre sucesiones y donaciones. Y proponemos reformar la ley de tasas para que los más desfavorecidos queden exentos del pago de aquellas que se determinen.

En cuanto al turismo, nos opondremos a que se aplique una tasa a los visitantes como está estudiando el actual Gobierno autonómico por ir contra la línea de flotación de una actividad clave para el desarrollo de la Comunidad Valenciana.

La capacidad financiera es otra de las cuestiones que está en los últimos años sobre la mesa. Desde que José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la ley vigente, la Comunidad Valenciana ha sido gravemente perjudicada. El camino no es el enfrentamiento al Gobierno, tal y como practican Ximo Puig y Mónica Oltra, sino la adopción de una fórmula –que puede concretarse este año– que dote a los valencianos de recursos financieros desde la sostenibilidad del sistema, la solidaridad interterritorial y la lealtad institucional.

Esa capacidad financiera también debe llegar a los Ayuntamientos mediante una reforma que los gobernantes de la Comunidad Valenciana no quieren abordar. Es factible que el 12% de las cuantías consignadas en el presupuesto de ingresos de la Generalitat por impuestos propios y cedidos vaya a parar al fondo de cooperación local. Se trata de evitar clientelismos y hacer las inversiones más efectivas.

El ahorro que supone la colaboración público-privada en la sanidad debe seguir funcionando con éxito al igual que sucede con los conciertos educativos, ya que el coste del alumno en la pública es muy superior. Deben de ser modelos complementarios y no tratar de erradicar los centros concertados como pretende el actual Ejecutivo autonómico.

Contemplamos también que aumenten las inversiones estatales en autovías; finalizar el Corredor Mediterráneo; impulsar el Tren de la Costa –entre Valencia y Alicante–; abordar un nuevo Plan Hidrológico Nacional que garantice el agua en una región castigada por la desertización; así como la mejora de la eficiencia energética en un 20% y extender la red de gas natural a todos los municipios de más de 10.000 habitantes.

El PPCV tiene claro el camino para recuperar la fortaleza de la Comunidad Valenciana y aboga por la libertad frente a la imposición, la defensa del libre mercado frente al intervencionismo, el mérito frente al enchufismo y crear condiciones para el desarrollo de las personas más que tutelarlas y adoctrinarlas. Solo así acabaremos con las erráticas políticas del tripartito que hunden a esta tierra en una profunda sima que impide que se asome al progreso y a la modernidad.