El Gobierno promete ahora 612 plazas para los menores de Canarias tras la presión del Supremo

El Gobierno intenta demostrar ahora que va en serio de verdad. Después de varios meses de avisos judiciales y promesas que se quedaron en agua de borrajas, el Ministerio de Migraciones ha hecho público que en las siguientes dos semanas habilitará 612 sitios de acogida para jóvenes migrantes que solicitan asilo. Con este paso, el Ejecutivo pretende acatar la orden del Tribunal Supremo que le pide hacerse cargo de la tutela de más de mil niños que siguen bajo la responsabilidad de la Administración canaria.

La reunión que tuvo lugar este martes entre el Gobierno central y el canario, la primera después de conocerse la nueva decisión del Supremo, sirvió para ver la diferencia que hay entre lo que se dice y lo que se hace. Mientras Moncloa asegura que cumplirá "en tiempo y forma", el Ejecutivo autonómico recuerda que el tiempo corre. En las Islas, los centros de menores están satruados y los recursos al límite. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Candela, defendió la postuera del Estado al afirmar que los plazos deben despetar el procedimiento administrativo, aunque el argumento da la impresión de que la urgencia humana la deja para después de la burocracia.

En cuanto a la práctica, el Ejecutivo central tiene planeado habilitar 612 plazas para acoger a un máximo de 569 jóvenes incluidos en la lista más actual del Ministerio del Interior. Desde el viernes pasado, después de que se hiciera público el auto, el Gobierno canario ha enviado 519 expedientes que se están revisando. Con estos datos, Migraciones le pedirá a la comunidad autónoma los permisos que hagan falta para empezar los traslados y cubrir primero las 252 plazas libres que ya están reservadas para el Archipiélago. Hasta la fecha, el Estado asegura haber sacado 350 menores de las Islas.

Los datos revelan una clara disparidad entre lo que se promete y lo que realmente ocurre. Mientras el Tribunal Supremo exige medidas para unos mil menores, el plan vigente apenas alcanza a cubrir un poco más de la mitad. El Gobierno aboga por una implementación gradual, pero en Canarias aumenta la inquietud por la lentitud con la que se avanza. La sobrecarga de los centros y la presión que soporta la comunidad desde hace años se mantienen casi igual, y los compromisos de Moncloa se materializan más en declaraciones que en hechos concretos.

Desde el Gobierno regional, el enfoque fue más optimista. La directora general de Infancia, Sandra Rodríguez, afirmó que la reunión deja “mejores sensaciones” y espera que esta vez el proceso avance de verdad. En este momento, el Archipiélago tiene a su cargo a 910 menores solicitantes de asilo, once más que el lunes anterior. Canarias ha enviado más de quinientos expedientes adicionales y pide prioridad para los traslados de 27 menores que están a la espera y de los niños menores de 14 años que ya han sido evaluados. Aun así, la comunidad insiste en que cada semana sin traslados agudiza la tensión en sus centros de acogida.

El paso del tiempo dificulta aún más la situación. Canarias asegura que tiene controlados a todos los tutelados, pero 230 de ellos ya son mayores de edad y han sido trasladados a la red de adultos del sistema de asilo. En los próximos dos meses, otros noventa alcanzarán los 18 años, lo que disminuirá el número de tutelas infantiles antes de que termine el plazo judicial. La falta de rapidez en los traslados podría dejar sin ayuda a jóvenes que, al cumplir los 18, ya no estarán protegidos por el sistema de infancia.