El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, puso este miércoles cifras a la ruta atlántica. El archipiélago podría cerrar 2025 con unas 20.000 personas llegadas por mar, frente a las 13.000 registradas hasta ahora. La proyección obliga a calcular que en los próximos tres meses arriben unas 7.000 personas más, un aumento que, según advirtió, tensionará de forma extrema a los cuerpos y fuerzas de seguridad, a los servicios sociales, a la sanidad y al sistema educativo de las islas.

Clavijo reclamó al Gobierno de España que asuma de una vez su responsabilidad sobre los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo. El nacionalista subrayó que sin un mecanismo ágil y justo de derivación será imposible atender “con cierta dignidad” a quienes están por llegar. Por otra parte, el presidente canario también cuestionó el discurso triunfalista de Moncloa, que insiste en una “bajada notable” de llegadas. Según recordó, el año pasado se alcanzaron los 47.000 migrantes, una cifra récord en toda la serie histórica, y la realidad de hoy vuelve a mostrar un escenario de presión sostenida y de recursos saturados.

El vicepresidente regional, Manuel Domínguez, reforzó las críticas reclamando que se despliegue la agencia Frontex en el archipiélago con la misma intensidad que en otras fronteras marítimas de Europa. A su juicio, garantizar la seguridad de la costa canaria es también establecer la de España y la de la propia Unión Europea. El popular acusó al Ejecutivo central de mirar hacia otro lado en el asunto de los menores. Según dijo, el Gobierno parece estar esperando a que cumplan los 18 años para dejar de tener que asumir sus responsabilidades, lo que a su juicio es un abandono institucional intolerable.

Financiación

La financiación es otro de los puntos negros de este conflicto. Canarias gastó 192 millones de euros en 2024 en la atención a menores y migrantes, pero solo ha recibido 50 millones del Estado, transferidos con retraso y correspondientes al ejercicio anterior. Con estas cifras sobre la mesa, Clavijo y Domínguez sostienen que resulta imposible convencer al resto de comunidades autónomas de que el Estado cumplirá sus compromisos económicos en los traslados de menores no acompañados, que la reforma de la Ley de Extranjería convirtió en obligación legal.

El presidente canario insistió en que la red de protección internacional es competencia exclusiva del Estado y recordó que el Tribunal Supremo ya avaló, en autos previos, que la Secretaría de Estado de Migraciones debe hacerse cargo de los menores solicitantes de asilo. Ignorar esa obligación, advirtió, genera un "daño irreparable a niños y adolescentes, condenados al hacinamiento y a la falta de recursos básicos".