Un "hotel de okupas": denuncian la situación "insostenible" de esta localidad cántabra

El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Ejecutivo de Cantabria, Roberto Media, ha solicitado al Gobierno central que aplique urgentemente medidas específicas para hacer frente a lo que ha descrito como un "grave problema de ocupación ilegal" en la región. Media afirma que la situación se ha vuelto "insostenible" y advierte de que, si no se actúa de inmediato, existe el riesgo de que el problema siga extendiéndose por todo el territorio cántabro, afectando tanto a propietarios particulares como a bienes de titularidad pública.

Media realizó esta petición durante una visita oficial a Argoños en la mañana de este lunes, localidad en la que recientemente ha tenido lugar un nuevo caso de ocupación ilegal en una vivienda propiedad del Gobierno regional, ubicada en la urbanización Las Llamas II. Según ha señalado el consejero, este es el octavo caso de ocupación ilegal en viviendas de titularidad autonómica en el municipio. En su opinión, dicha situación evidencia la gravedad del problema y la necesidad de una intervención urgente por parte del Gobierno central.

En su visita, Media señaló que lo ocurrido en Argoños es un ejemplo de un problema más general que afecta a varias localidades de Cantabria y que causa gran preocupación entre los ciudadanos. "Con esta nueva ocupación, ya son ocho las viviendas del Gobierno, costeadas por todos los cántabros, que han sido ocupadas ilegalmente en este municipio. Este fenómeno no solo supone una violación de la propiedad pública, sino que también genera problemas de inseguridad que resultan inaceptables para los vecinos", declaró el consejero.

El consejero quiso remarcar igualmente la gravedad de esta situación, alertando de que "se está produciendo una terrible inseguridad jurídica" acerca de la ocupación ilegal de inmuebles. Tal y como explicó, las bandas organizadas se están aprovechando de las lagunas de la actual legislación para ocupar tanto propiedades privadas como gubernamentales, de la misma forma que ha ocurrido en Argoños. Y es que, en palabras de Media, pese de los esfuerzos realizados, la administración es "incapaz de desalojarlas".

Llamamiento al Gobierno central

Durante su visita a Argoños, Media hizo un llamado a las autoridades nacionales, instando al Gobierno de Pedro Sánchez a modificar con urgencia la legislación vigente sobre la ocupación ilegal. Según Media, la normativa actual es "ineficaz" para proteger los derechos de los propietarios, tanto públicos como privados, y permite que grupos organizados ocupen inmuebles sin enfrentar consecuencias legales inmediatas. "Es fundamental que el Gobierno de España tome medidas urgentes y efectivas para poder actuar rápidamente en estos casos y evitar que esta situación se extienda a más municipios", afirmó el consejero.

Media también señaló que la situación actual está perjudicando directamente al mercado inmobiliario en Cantabria ya que muchos propietarios se sienten desalentados a alquilar sus viviendas por miedo a que sean ocupadas ilegalmente. "En Cantabria hay alrededor de 50.000 viviendas vacías cuyos dueños, en muchos casos, no se atreven a ofrecer en alquiler por temor a que los inquilinos dejen de pagar y no podamos desalojarlos debido a la legislación actual", explicó Media.

El consejero de Fomento resaltó que la ocupación ilegal no solo perjudica a los propietarios particulares, sino también a las comunidades en general, provocando un ambiente de inseguridad y deterioro en los barrios afectados. "Estas ocupaciones ilegales generan una sensación de inseguridad que impacta a todos los vecinos. La presencia de personas que han entrado ilegalmente en las viviendas, sin tener ningún derecho sobre ellas, afecta la convivencia y el bienestar de los residentes", añadió.

En su visita a Argoños, Media estuvo acompañado por varios vecinos afectados por la ocupación ilegal y por miembros de la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA). Esta organización, que reúne a personas que sienten que han sido perjudicadas por la inacción o las políticas de las administraciones públicas, ha expresado su apoyo a las peticiones del consejero y ha subrayado la necesidad de una reforma legislativa que permita una respuesta más rápida y efectiva en estos casos.

Asimismo, desde la citada asociación han señalado que el problema no es un caso aislado en el municipio ni es nuevo para los residentes. Tal y como argumentó un miembro de AMA, Antonio Vilela y que recoge el Diario de Cantabria, "estas ocupaciones son de auténticas mafias que generan más problemas de convivencia a los vecinos". En palabras de este integrante de la asociación AMA, la vida diaria de los residentes se ve gravemente afectada, y agregó que "hay una ida y venida de vehículos de alta gama a toda velocidad, por lo que ya no dejan salir a jugar a los niños a la calle, los robos han aumentado exponencialmente en el municipio y se han producido muchos enfrentamientos".

Media señaló en su intervención que muchas de las viviendas ocupadas ilegalmente en Cantabria habían sido previamente objeto de indemnización por parte del Gobierno regional, tras una sentencia firme de demolición. Tal y como declaró el consejero, "el Ejecutivo autonómico ya ha cumplido con sus obligaciones legales al indemnizar a los antiguos propietarios de estas viviendas, pero ahora nos encontramos con que estos inmuebles están siendo ocupados por personas que no tienen ningún derecho legal sobre ellos". Según Media, esta situación es "intolerable" y necesita de una respuesta firme de las autoridades nacionales.

Inquietud en este pueblo cántabro

El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, presente durante la visita de Media, se unió a las críticas contra la situación actual y denunció el impacto negativo que la ocupación ilegal está teniendo en su localidad. Barruetabeña explicó que el aumento de las ocupaciones ilegales ha creado un ambiente de inseguridad y deterioro que perjudica a todos los vecinos. Por todo ello, el alcalde no dudó en asegurar que "Argoños se parece ahora a un hotel de okupas", indicando que muchos residentes temen que sus propiedades puedan ser ocupadas en cualquier momento.

Y es que la situación está causando una gran preocupación entre los residentes del municipio, de acuerdo con las palabras de Barruetabeña. Así, a muchos de los habitantes les da miedo dejar sus casas vacías, incluso por breves períodos, debido al riesgo de ocupación ilegal. "La inseguridad es tan alta que los vecinos tienen miedo de ausentarse unos días y regresar para encontrar su hogar ocupado", comentó Barruetabeña, quien solicitó a las autoridades nacionales que intervengan con rapidez para resolver este problema.

Los propios residentes han sido los primeros en organizarse contra estas actividades, que describen como cuidadosamente planificadas y ejecutadas de manera casi profesional. Según denuncia Vilela, "en muchas de estas situaciones son auténticas mafias que acaban vendiendo drogas y creando más problemas". También subrayó que los ciudadanos se sienten impotentes, "porque no tenemos medios para demostrarlo, los políticos nos dicen que no pueden hacer nada y la policía nos cuentan que a la semana del soltarlos están volviendo a hace otra".

En este contexto, el Ejecutivo ha denunciado que estos grupos organizados aprovechan que las viviendas están desocupadas y que sus propietarios (en este caso el propio Gobierno) no están presentes para evitar los desalojos en las primeras horas. Una vez que se han establecido, "compran y venden contratos entre ellos" y "resulta imposible desalojarlos", apuntó Media. Por esta razón, en muchas ocasiones son los propios vecinos quienes se organizan para bloquearles el acceso, enfrentándose a riesgos y conflictos, como, según han dicho, ya ha ocurrido.