Fructífero e intenso pleno de las Cortes, con las mascarillas como protagonistas en muchas de las intervenciones en plan irónico y de reproche, pero con numerosas iniciativas parlamentarias aprobadas por los grupos.

Entre ellas, la convalidación del decreto ley de medidas extraordinarias para la atención en los centros residenciales para personas mayores o con alguna discapacidad, que sirve de base para la reforma del modelo residencial que se regulará en el futuro por ley, y con el que Castilla y León se anticipa a posibles rebrotes del coronavirus que puedan surgir en estos meses.

El decreto, que salía adelante con el apoyo de PP, Cs, UPL, Por Ávila y Vox mientras que PSOE y Podemos se abstenían, obliga ya a las residencias a contar con un plan de contingencia obligatorio que incluya la experiencia en la lucha contra la Covid-19, además de material de equipos de protección individual suficientes para la atención a los usuarios, que les permitan hacer frente a situaciones de crisis de salud pública, con su propio depósito de existencias, al menos durante un periodo de cinco semanas. y más formación de sus trabajadores.

Además, habrá una línea de financiación a las entidades sin ánimo de lucro para garantizar que se cuenta con material de protección en depósito, las residencias deberán ofrecer información para un seguimiento y se reforzarán las inspecciones.

Abortos en Sacyl sin objeción

Por otra parte, el Parlamento autonómico aprobaba casi por unanimidad -solo Vox se oponía- a que la Sanidad pública garantice la práctica de abortos en sus hospitales,con la única limitación de la objeción de conciencia de los sanitarios. La medida incluye la gratuidad de los métodos anticonceptivos para personas con escasos recursos económicos. Los parlamentarios de PP y Cs presentaron en sus enmiendas reforzar la educación afectivo-sexual de niños y niñas y jóvenes, potenciar los servicios de planificación familiar y tomar medidas para la creación de los registros de objetores de conciencia en los hospitales donde no los haya y se actualicen. Si bien, desde el PP, el procurador Alejandro Vázquez recordaba durante el debate parlamentario que el derecho de los profesionales a la objección explica el por qué un servicio que está en la cartera de Sacyl no se presta en todos los hospitales de Castilla y León, excepto en el Santiago Apóstol de Miranda de Ebro.

Licencia ambiental

Las Cortes daban luz verde también al decreto por el que se simplifican los trámites administrativos y ambientales a las empresas para fomentar la reactivación económica. Una iniciativa que salía adelante solo con los votos de PP, Cs y Vox, que la Junta cree que favorecerá el emprendimiento, y especialmente en el medio rural. y no abre la puerta a las macrogranjas como denuncian PSOE y Podemos.

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, defendía en su intervención la necesidad de eliminar trabas administrativas, como la medida más solicitada por los empresarios, por encima de la rebaja de impuestos. “No hay recaudación si no hay actividad empresarial”, apuntaba, mientras recordaba el punto 34 del Pacto para la Recuperación, suscrito por todos los grupos, excepto UPL y VOX, que recoge esta medida. Por ello, confiaba en que los firmantes cumplan con su parte, como la Junta ha hecho al renunciar a tramitar la suspensión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Función Pública

Finalmente, la Cámara aprobaba la modificación de la Ley de Función Pública que suprime el catálogo de puestos tipo, anulada por el TSJ en dos ocasiones, que se cambia por las relaciones de puestos de trabajo. Durante el debate parlamentario, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, defendía el decreto ley como “una necesidad y una gran oportunidad” ante el “alto grado de ligitiosidad” que podría suponer la creación de un tercer catálogo de puestos tipo, y destacaba que la reorganización no obvia los derechos de los empleados públicos a la carrera profesional y la movilidad. “Se recupera el tiempo perdido y los derechos suspendidos empleados”, aseguraba Ibáñez.