Puente defiende el polémico acuerdo Gobierno-FEMP que el PP lleva al Constitucional

Se esperaban las declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que no suele morderse la lengua caiga quien caiga aunque sean de su propio partido, sobre el polémico acuerdo del Gobierno con la Federación Nacional de Municipios y Provincias que establece ayudas de hasta cinco mil euros de los presupuestos generales del Estado a fondo perdido a repartir entre los Ayuntamientos que deseen acceder a ellos no sin antes ceder al Estado todo sus remanentes o superávit. Un acuerdo que el PP ha denunciado por confiscatorio y por abandonar al medio rural al ahondar en las diferencias entre entidades locales y municipios, y que recurrirá al Tribunal Constitucional por invasión de la autonomía local.

Y el alcalde de Valladolid, también portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE de Sánchez, esta vez salía en defensa de los suyos para defender este acuerdo y responder a los populares que “como confiscación, el acuerdo es bastante lucrativo para los Ayuntamientos”.

Si bien, el primer edil vallisoletano sí que reconocía que se trata de un sistema complejo, en el que los Consistorios pueden ofrecer sus remanentes al Estado de forma voluntaria y sin carácter inmediato, y que previamente deberán enviar un escrito “con la cantidad que cada uno está dispuesto a enviar”.

“No se está obligado a abonarla hasta el 31 de diciembre de 2021 y antes de que esos fondos lleguen a Madrid, la Administración del Estado realizará un ingreso no financiero para las entidades locales que participen con un importe que supondrá, como mínimo, el 35 por ciento de los fondos aportados por cada ayuntamiento y que se incrementará hasta los 5.000 millones entre todos”, destacaba Puente, mientras explicaba que la cifra recibida por cada entidad local se podrá gastar en asuntos de agenda urbana, movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura, y que,. además, serían gastos no financieros, “por lo que no computarán en el déficit ni afectará a la regla del gasto”, apuntaba.

El alcalde ponía como ejemplo a su ciudad para explicar que si el Ayuntamiento de Valladolid pusiera 10 millones, como mínimo, el Gobierno daría 3,5 millones, pero si todo lo que aportan los ayuntamientos son 5.000 millones, serían los mismos diez millones y como ingreso no financiero, además de que en diez años el Consistorio recibiría otros diez millones.

“Es premio para los ayuntamientos que cuentan con remanente”, insistía el alcalde, sorprendido por la reacción del PP “donde saben que para llegar al cielo hace falta una escalera y que estos peldaños son los más elevados que ha escalado el municipalismo desde hace años y se ha recuperado parte de la autonomía perdida”.

Ciudadanos, también en contra

Aparte del PP, Ciudadanos también ha mostrado su disconformidad por este acuerdo entre el Gobierno y la FEMP. En este sentido, el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, de la formación naranja, aseguraba este miércoles que este acuerdo “es un modo que ha encontrado el Gobierno de España para apropiarse del superávit de las instituciones locales”.

Tras salir en defensa de los ayuntamientos y las diputaciones por ser las entidades que mejor conocen la realidad y las necesidades de sus respectivos territorios, Requejo insistía en que este acuerdo es “una imposición que nada tiene de voluntario”. Y va más allá al asegurar que Gobierno y FEMP “han roto la autonomía de las instituciones locales porque tampoco van a poder utilizar los remanentes de manera libre cuando sean devueltos, sino ajustándose a las actuaciones que desde el Gobierno se impongan”.

Expolio

El presidente del PP de Ávila, Carlos García, también se ha referido a este asunto hoy para echar en cara al Gobierno de España “que sólo se interese por los ayuntamientos para expoliar sus ahorros surgidos de su buena gestión”. El también presidente de la Diputación abulense califica de “vergonzoso y partidista” el acuerdo entre el Ejecutivo y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que los remanentes de tesorería de las entidades locales sean cedidos al Ejecutivo central.

García se refería a este acuerdo como “coacción e incautación, un expolio y el robo y el chantaje que el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos hacen a todos y cada uno de los 8.131 ayuntamientos de España, los 248 de Ávila, a las 38 diputaciones provinciales, siete cabildos y cuatro consejos insulares”.

Para García, este acuerdo, suscrito en el seno de la FEMP con los votos de los socialistas y la abstención de IU, “rompe el consenso mayoritario que ha imperado siempre en la Federación”. Tras reiterar el “rechazo y la desaprobación del PP de Ávila”, el presidente provincial se preguntó “qué opinan de este pacto los alcaldes y parlamentarios del PSOE en, en general, y de Ávila, en particular” y si “van a ceder sus remanentes al Gobierno de España, no para hacer inversiones que generen empleo y permanezcan en el futuro en esta provincia”.