Ayudas de hasta 10.000 euros para favorecer la empleabilidad de víctimas de malos tratos

Para el Gobierno autonómico la lucha contra la violencia doméstica es una prioridad, y más ahora si cabe después del aumento de casos que se han registrado y detectado durante los cuatro meses que ha durado el estado de alarma por el coronavirus, en los que las víctimas han tenido que convivir con su agresor presas del pánico. Con el objetivo de favorecer la autonomía personal de estas personas que han denunciado y quieren rehacer su vida encontrando un empleo con el que poder ganarse la vida, la Junta pone a disposición de empresas y entidades sin ánimo de lucro un paquete de ayudas que podrían alcanzar hasta los diez mil euros en casos de contrataciones indefinidas a tiempo completo.

El Boletín Oficial de Castilla y león (Bocyl) ha publicado este miércoles la convocatoria de esta línea de subvenciones para fomentar la contratación laboral de mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León que serán de cuatro mil euros en el caso de que se realicen contratos temporales a tiempo completo de mínimo seis meses de duración; de dos mil euros para aquellos contratos de duración mínima de tres meses y que no lleguen a los seis meses de duración a tiempo completo.

En los supuestos de contratación a tiempo parcial, la cuantía de la subvención será proporcional, de acuerdo con la modalidad temporal o indefinida, a la duración efectiva de la jornada de trabajo, según consta en la orden publicada en el Bocyl..

Además, si el contrato fuese fijo discontinuo, la cuantía de la subvención, que corresponde por su modalidad indefinida, será proporcional a la duración anual del contrato.Quedan excluidas, a los efectos de esta convocatoria, del concepto de empresa o entidad, las universidades públicas, las corporaciones de derecho público, las entidades locales y otras entidades públicas dependientes o vinculadas a ellas, los entes públicos de derecho privado y las sociedades cooperativas.

Quedan excluidas, a los efectos de esta convocatoria, del concepto de empresa o entidad, las universidades públicas, las corporaciones de derecho público, las entidades locales y otras entidades públicas dependientes o vinculadas a ellas, los entes públicos de derecho privado y las sociedades cooperativas. Tampoco entran los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje. También quedan fuera de estas ayudas las comunidades de bienes o aquellas mujeres víctimas de violencia de género que sean socias de una cooperativa.