Gobierno y comunidades acuerdan un plan ante la alarma en las residencias

A partir de ya, las residencias de personas mayores y con discapacidad deberán contar planes de contingencia frente a la Covid-19 además de verificar que se cumplen las medidas básicas del Plan de Respuesta Temprana frente a este virus, en el que se establece que ante la detección de un caso, será indicativa de la aparición de un brote, lo que implicará: la notificación a las autoridades sanitarias; el aislamiento del caso; la cuarentena de los contactos estrechos; y la búsqueda activa de casos. Esto implicará también pruebas PCR a todas las personas que residen o trabajan en el centro.

Igualmente, las residencias deberán comunicar de manera obligatoria posibles contagios al sistema de salud, algo de lo que se encargará una persona del centro con capacidad comunicativa que mantendrá el contacto diario con las autoridades y activará los protocolos que sean necesarios. E igualmente, las residencias tendrán que disponer de un protocolo de actuación para asegurar la atención de los usuarios y realizar periódicamente pruebas de diagnóstico tanto a los residentes como al personal.

Y en el caso de contagio y siempre que sea necesario, las autoridades sanitarias garantizarán el acceso a la atención hospitalaria a las personas que residen en estos centros en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.

Los protocolos de las residencias deben tener un plan sobre las decisiones a adoptar con relación a las visitas de familiares a residentes (incluyendo la posibilidad de utilizar medios alternativos, como videoconferencias) y salidas del centro en función de los diferentes escenarios.

La actuación de las residencias deben ir encaminadas a la humanización de la atención, previendo en la planificación de la atención el mantenimiento máximo de la dignidad de la persona de acuerdo a sus decisiones y voluntades anticipadas, señala el documento sobre el que han trabajado las administraciones.

En el caso de centros de gran tamaño, se valorará la posibilidad de llevar a cabo la sectorización de la residencia en unidades de convivencia más pequeñas como medida preventiva, reduciendo así, en lo posible, el número de contactos estrechos entre personal y residentes.

Estas son algunas de las medidas que acordaban este martes el Gobierno de España, las Comunidades y la Federación Nacional de Municipios y Provincias para intentar dar una respuesta coordinada ante los rebrotes que están surgiendo por toda España.

Un documento en el que Sanidad y Derechos Sociales propondrán, y coordinarán con las comunidades autónomas, un sistema de recogida directa de datos de los centros que permita disponer de un registro para conocer en tiempo real la evolución de la pandemia en los distintos territorios por todas las autoridades interesadas y facilitar una mejor asignación de los recursos sanitarios y sociales.

Los representantes de las administraciones volverán a reunirse el 24 de agosto,