«Expolio» y «atraco a mano armada» a las entidades locales

«Expolio» y «atraco a mano armada». Así ha calificado el Partido Popular de Salamanca, a través de su presidente, Javier Iglesias, el Real Decreto propuesto por el Gobierno con el que pretende, a su juicio, «confiscar los ahorros de los ayuntamientos» de toda España, y que sólo en la provincia salmantina asciende a un centenar largo de millones de euros.

Iglesias definió esta propuesta como un «atentado al mundo rural», fruto de una política cuatrera con la que el Gobierno de Pedro Sánchez, pretende asaltar las cuentas de las entidades locales. «Queremos denunciar este expolio y mostrar nuestra más rotunda oposición», indicaba Iglesias quien calificaba la propuesta como «coercitiva» y la ha llegado a definir como «el mayor chantaje institucional de la democracia», ya que «ofrece el dinero de Europa sólo a los ayuntamientos que le den el suyo», indicaba.

El también presidente de la Diputación de Salamanca, significaba que esta propuesta «rompe el municipalismo en España», al dejar «solo al partido del Gobierno en la FEMP» ya que «no les han apoyado ni sus socios de Podemos», algo que el presidente del PP samnatino considera que también va a pasar en la votación del Congreso.

«El PSOE ha quebrantado la confianza, el consenso y la seguridad que representaba a los municipios en la sede de la FEMP», continuó Javier Iglesias, quien denominó al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, «caballo de Troya» por defender la postura del Gobierno en dicho órgano. «Es una tropelía y exigimos la retirada inmediata de este Real Decreto para que se garantice la autonomía local», concluyó Iglesias, quien afirmó que «España no se puede permitir, en plena pandemia, que las administraciones más cercanas al ciudadano sean zarandeadas de esta manera por el Gobierno de España».

Por todo ello, anunció el registro de una moción para debatir en el próximo pleno de la Diputación de Salamanca que «rechaza cualquier medida que pretenda apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos», así como el «apoyo al recurso de inconstitucionalidad que ha presentado del PP en el Congreso.