Igea defiende que el Procurador del Común cuente con más recursos para velar por los derechos ciudadanos

Más dinero y recursos para que el Procurador del Común puede ejercer de “mejor modo" su función como Comisionado de Transparencia de la Comunidad y pueda velar por los derechos de los castellanos y leoneses en la futura Ley de Transparencia.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha anunciado este viernes que va a pedir a la Mesa de las Cortes que dote a esta institución que preside Tomás Quintana con los “medios precisos” para que su labor “no se quede en papel mojado”.

Igea se reunía esta mañana de forma telemática con el procurador del Común para hablar de las futuras competencias relacionadas con la evaluación de la transparencia, el régimen sancionador y el procedimiento de mediación en materia de acceso a la información pública que implican la nueva normativa en la que la Junta está trabajando, cuyo cumplimiento deberá ser vigilado precisamente por esta entidad.

“El Procurador del Común es el Comisionado y es quien va a velar por el cumplimiento de la futura Ley de Transparencia y va a necesitar los recursos precisos para que la ley no se quede en papel mojado”, aseguraba Igea.

Ordenación territorial

Por otro lado, la segunda reunión del día, también telemática, tenía como ojetivo continuar con el ciclo de recogida de sugerencias y exposiciones de las principales líneas de la reforma de la vigente ley de ordenación del territorio. El vicepresidente Igea y el director general de Ordenación del Territorio y Planificación, Antonio Calonge, trasladaban al presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, y a su vicepresidente, Matías Llorente, que es “imprescindible” sacar adelante esta norma y que en este proceso “tenemos que hacer las cosas de abajo arriba, contando con el territorio, con las diputaciones”.

Igea destacaba la buena acogida por parte de la Diputación de León de ser parte activa de esta propuesta “mucho más flexible", que permitirá echar a andar y desbloquear una situación que lleva lustros paralizada en esta Comunidad, e insistía en que "si no procedemos a ordenar el territorio éste se ordenará por sí solo porque una de las consecuencias de la despoblación es la desaparición progresiva de pueblos, de municipios y para conseguir frenar esto es importante tener una Administración racional, que funcione y dé servicios en el territorio y para ello es necesario emprender esta reforma”.

Faltan secretarios municipales en León

Por su parte, el presidente de la Diputación de León se mostraba confiado en que en febrero pueda haber un documento de consenso para seguir trabajando en las Cortes y aprobar la nueva Ley de Ordenación Territorial de Castilla y León", pero advertía al vicepresidente de la falta de financiación y de secretarios municipales en la provincia de León.

"Queremos que la nueva norma sea fruto de la colaboración de los municipios y las diputaciones provinciales, una ley que nazca de abajo arriba y en la que podamos llegar a un consenso”, decía Morán mientras confiaba también en que sirva para la puesta en marcha definitiva de los servicios que presta la Junta de Castilla y León en la provincia, "pero también para coordinar, a través de las mancomunidades de interés general, la prestación de esos servicios que siendo competencia municipal se prestan de manera conjunta entre los ayuntamientos”.

Morán destacaba la intención de que los municipios puedan constituir mancomunidades de forma voluntaria, y valoraba la propuesta de la Junta de reducir de 5.000 a 2.000 habitantes el umbral poblacional para la prestación de los servicios autonómicos. “Es algo positivo por la condiciones demográficas de la provincia”, así como que se vayan a tener en cuenta los criterios de tiempo de desplazamiento y no sólo los kilómetros para medir las distancias en la prestación de los servicios”, apuntaba.

Eduardo Morán aprovechaba igualmente el encuentro para mostrar su inquietud por la “carencia” de secretarios municipales en la provincia, que cifraba en casi veinte ayuntamientos que no disponen de ese servicio y se está prestando desde la propia Diputación, y pedía que este problema tiene que incorporarse a esta nueva estrategia de ordenación del territorio.

También ponía de relieve la situación de las juntas vecinales, cuya ley específica está paralizada y a las que Morán asegura que hay que dar una solución definitiva "para que se pueda gestionar todo ese patrimonio que en la provincia de León es tan importante”.