Los 16 acusados por la muerte de seis mineros en León se enfrentan a penas de más de tres años

Los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el accidente ocurrido el 29 de octubre de 2013 en el pozo Emilio del Vale, en la localidad leonesa de Llombera de Gordón, se enfrentan a una petición de pena de tres años y medio de cárcel para cada uno por un delito de homicidio imprudente, mientras que a la empresa titular de explotación, la Hullera Vasco Leonesa (HVL), y a la aseguradora le piden indemnizaciones que superan los 2 millones de euros.

El inicio del juicio ha sido fijado para el próximo 5 de abril en al juzgado de lo penal número 2 de León y está previsto que se prolongue durante un mes y medio. En el banquillo de los acusados se sentarán 16 directivos, ingenieros y vigilantes de a la Hullera Vasco Leonesa, entre ellos el presidente de la empresa, Antonio del Valle, para cada uno de los cuales la fiscalía pide una pena de 3,5 años, además de la propia sociedad, como responsable civil subsidiaria, y la compañía aseguradora HDI como responsable civil directa y solidaria.

Por su parte, las acusaciones particulares elevan la petición hasta de pena hasta 6,5 años, el máximo previsto en casos de homicidio imprudente, mientras que las defensas solicitan la libre absolución de los acusados.

En una comparecencia en sede judicial durante la instrucción del caso celebrada el 29 de julio de 2015 el presidente de La Hullera Vasco-Leonesa mantuvo que causas que provocaron el accidente que costó la vida a los seis mineros fue “totalmente impredecible”.

Recordó que, según el informe de empresa, las causas del siniestro se debieron a “una emisión súbita de metano”, que según el mismo escrito oficial, tuvo un alcance “imprevisible en su magnitud y consecuencias”.

Asimismo, Del Valle aseguró que según el informe entregado a la Comisión de Seguridad a principios de 2014 el lugar donde ocurrió el accidente “cumplía las condiciones de seguridad referentes a la normativa vigente”.

Para los letrados de las acusaciones, representantes de las viudas de los fallecidos y de los mineros heridos, las conclusiones de la empresa no se corresponden con las causas recogidas en los otros dos informes existentes -el de Minas y el de un experto independiente- que señalan a la caída de la bóveda donde se encontraban los mineros y un error en la ventilación como causas probables del fatal siniestro.

Está previsto que la declaración de los acusados se prolongue hasta el 13 de abril, mientras que desde el 14 de abril al 3 de mayo les tocará el turno a los más de 80 testigos citados y a partir de esa fecha y hasta el 11 de mayo se sustanciarán las pruebas periciales.

Finalmente, prestarán declaración los forenses que practicaron las autopsias a las víctimas y atendieron a los ocho heridos para dejar visto para sentencia el juicio el 19 de mayo. El proceso judicial se abrió tras la querella presentada por las familias de las víctimas y por los trabajadores que resultaron heridos en el siniestro.

El accidente se produjo por el colapso brusco y posterior hundimiento de una bóveda cargada de carbón en una zona con gas metano que provocó una desgasificación de grisú y causó la muerte por asfixia de seis de los trabajadores que en esos momentos se en encontraban en esa zona del pozo Emilio del Valle.

Esa fue la principal conclusión del informe elaborado por el grupo de investigación constituido por la Comisión Regional de la Minería de Castilla y León para esclarecer las causas del accidente.

El informe señala que se produjeron dos fenómenos consecutivos que sucedieron “casi al mismo tiempo” y que provocaron que el contenido de oxígeno en el macizo siete de la explotación donde se encontraban los mineros bajase “de forma instantánea” hasta el uno por ciento.

Las víctimas del accidente fueron Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez, de entre 35 y 45 años.