Alicia García exige una regulación urgente de la prestación económica del asistente personal

El PP de Ávila subraya el papel fundamental que está jugando la Consejería de Familia de la Junta para contar con una nueva ley autonómica

La diputada nacional abulense, Alicia García
La diputada nacional abulense, Alicia GarcíaIcal

El PP de Ávila ha celebrado una reunión telemática en la que participaron distintos cargos públicos y entidades del Tercer Sector para abordar la situación de la figura del asistente personal en la provincia y en Castilla y León.

Los populares subrayaron el papel “fundamental” que está jugando la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León para contar con una nueva ley autonómica en esta materia “basada en el consenso y en la unión de todas las sensibilidades”.

Por parte del PP participaron en el encuentro las coordinadoras generales, Sonsoles Sánchez-Reyes y Patricia Rodríguez; la vicesecretaria de Políticas Sociales, Ruth Pindado; la diputada nacional y portavoz popular de Derechos Sociales en el Congreso, Alicia García; y el procurador en las Cortes de Castilla y León, Miguel Ángel García Nieto. Además, se contó con la presencia del director general de Discapacidad de la Junta, Pablo Rodríguez; así como con el presidente y la coordinadora regional de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif), Fran Sardón y Ruth Álvarez; la presidenta de Cermi Mujeres, Ana Peláez; los presidentes de Aspaym y Pronisa, Ángel de Propios y Jaime Rodríguez, respectivamente; y la directora gerente de Faema, Inmaculada Pose.

Tanto Alicia García como Patricia Rodríguez pusieron de manifiesto las propuestas que el PP está realizando tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. García recalcó la necesidad de que el Gobierno “apruebe urgentemente una regulación concreta de la prestación económica del asistente personal de mano de las entidades del Tercer Sector”, mientras que Rodríguez explicó la moción de los populares presentada y aprobada en la Comisión de Políticas Integrales de Atención a Personas con Discapacidad de la Cámara Alta.

Por su parte, Fran Sardón insistió en que la regulación estatal del asistente personal debe hacerse de acuerdo con las entidades sociales, en que debe ser compatible la prestación del asistente personal con otras del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y en que esta figura se debe promover en el medio rural.

La importancia de la formación fue también un punto coincidente entre las entidades sociales, como evindenciaron tanto Predif como Pronisa y Aspaym. Ana Peláez apostó por “tener una sensibilidad especial con la vigilancia a las mujeres discapacitadas que han sido víctimas de violencia de género y en la búsqueda de asistentes personales que tengan una afinidad especial con estas mujeres por las peculiaridades y el contacto tan estrecho que establecerán con ellas”.