Los alcaldes del PP marcan territorio en ordenación y en sanidad

Ambos temas están muy vinculados, la ordenación del territorio y la reforma de la sanidad rural en Castilla y León tienen varias particularidades en común, entre ellas su demora en el tiempo y el factor determinante que han jugado los cientos de alcaldes del PP en sus avances, cambios y frenazos.Las reticencias a las reformas de calado forman parte de la teoría de la ‘resistencia al cambio’ que todos los humanos sentimos como fórmula de protección de lo establecido, en una especie de reproducción práctica del refrán de que “más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer”, informa Efe.

Décadas lleva Castilla y León debatiendo sobre la necesidad de ordenar su territorio, que no es otra cosa que decidir cómo prestar de la mejor forma posible los servicios públicos en los miles de pueblos que componen esta extensa y envejecida autonomía, pero aún hoy sigue pendiente la aprobación de los llamados “mapas rurales”, ante la falta de acuerdo entre el PP, Cs y PSOE sobre la financiación.Políticos como el exvicepresidente de la Junta José Antonio de Santiago-Juárez (PP), los socialistas Francisco Ramos y Virginia Barcones y el actual vicepresidente Francisco Igea (Cs) -que ha estrenado el cargo de consejero de Ordenación del Territorio, materia antes integrada en otros departamentos- se han topado con la dificultad de pactar una reforma que en anteriores legislaturas recibió inicialmente el rechazo de buena parte del poder local rural, en su amplia mayoría ostentado por representantes del PP.

El miedo a las casi innombrables “supresión” o “fusión” de municipios fue la chispa que prendió en el ámbito rural, pese a los intentos del entonces vicepresidente de la Junta para trasladar la idea de que se trataba de prestar mejores servicios.Los tecnicismos y palabras raras -”ubost”, “losergo”- no ayudaron a que los alcaldes encontraran en esta reforma territorial un motivo para confiar en que su situación mejoraría, y finalmente el enfrentamiento entre el PP y el PSOE cristalizó en este tema -con la mayoría de sus respectivos representantes locales en contra de la reforma-, la legislatura concluyó y con ella se puso fin a la que podría llamarse “Era Pica”, en referencia al sobrenombre con el que es conocido políticamente el exvicepresidente De Santiago-Juárez.

Precisamente las Cortes están a punto de debatir una reforma impulsada por el PP y Cs para sortear la autolimitación que pactaron el PP y el PSOE, en forma de mayoría reforzada, que debía alcanzarse para aprobar los denominados Mapas Rurales de la ordenación territorial, pendientes después de casi una década, mientras que los mapas de las mancomunidades urbanas sí salieron adelante.

En este momento, representantes del PP, del PSOE y de Cs reconocen en conversaciones informales que lo ocurrido con la ordenación territorial se parece “sospechosamente” a lo que ahora pasa con la reforma de la sanidad en el medio rural: acción-reacción, con la resistencia al cambio y el miedo a empeorar como motor de las quejas de los alcaldes, verbalizadas abiertamente por presidentes de Diputación como el vallisoletano Conrado Íscar y el abulense Carlos García, ambos del PP, entre otros.

”Tenemos un problema con eso”, ha reconocido a Efe algún representante del PP para referirse al problema que les generaba respecto a sus alcaldes tener los consultorios rurales cerrados durante la pandemia, por mucho que fueran razones sanitarias las que lo aconsejaban. De ahí que en el PP de Castilla y León insistan tanto en este momento en que fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el que requirió a la consejera Verónica Casado para volver a las reuniones y alcanzar el consenso en esta materia, ya que los populares tienen claro que la reforma debe convencer a sus representantes municipales para que salga adelante.

Quien verbalizó de una manera más cruda esta situación fue el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quien en una entrevista televisiva calificó la gestión de Verónica Casado de “insostenible” en materia de sanidad rural, aplaudió el “golpe sobre la mesa” de Mañueco y avisó de cuál es el marco en el que su partido aceptará la reforma: “La sanidad de la zona rural no se toca sin que lo aprueben los habitantes de la zona rural, los alcaldes de esos municipios y los profesionales de la medicina”, alertó.

Más allá de la ‘china en el zapato’ que es para Casado e Igea el presidente del Colegio de Médicos, José Luis Díaz Villarig, que ha remarcado en los últimos días que con los médicos no hay acuerdo, el principal escollo para que avance la reforma sanitaria en el medio rural es la posición de los alcaldes, en su mayoría del PP, que ven cómo sus presidentes provinciales demandan más y más garantías para confiar en la propuesta de Sanidad.

”¿Pero cómo van a confiar si tienen a sus presidentes provinciales pidiendo la dimisión de la consejera?”, se preguntan en Ciudadanos, donde prefieren rebajar la tensión, inspirados por el ‘modo zen’ por el que ha optado Verónica Casado para afrontar estas crisis, ante las que dice que no tiene tiempo para polémicas políticas.