Hacia una digitalización de la Justicia segura y confiable

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de León ha acogido este martes una reunión del grupo de trabajo de ciberseguridad en el que se ha abordado la necesaria digitalización que debe abordar la Justicia para liberar tareas y conseguir un servicio judicial de atención al ciudadano más ágil, seguro y confiable y que, además, combata con mayores garantías el cibercrimen, que según la Interpol es la actividad más beneficiosa en el mundo, por encima incluso del narcotráfico.

De hecho, según desvelaba Rosa Díaz, directora del Incibe, supera el billón de dólares y supone más del uno por ciento del Producto Interior Bruto Mundial, mientras que podría llegar a ser de diez billones de dólares en 2025.

“La Justicia española deber abordar la digitalización con garantías para salvaguardar su misión”, decía Javier Candau, jefe del departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, mientras que Rosa Díaz llamaba a “no escatimar esfuerzos” para lograr esa transformación digital que es más necesaria que nunca en la Justicia para que los ciudadanos y las empresas puedan beneficiarse de las ventajas y minimizar los riesgos en internet.

El Grupo de Trabajo de Ciberseguridad se reunía esta mañana con el objetivo de constituir los grupos de trabajo asociados al I Foro de Transformación Digital de la Justicia que se celebrará en Madrid el 20 y 21 de abril, un hito para el que el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, anima a la colaboración público-privada para “desarrollar un proyecto que permita a la justicia saltar del siglo XIX al XXI”.

Olmedo defendía la apuesta del Gobierno de España porhacer de la transparencia e igualdad alguno de los valores fundamentales de su actuación en favor de una gestión eficiente de los recursos. Al respecto, avanzaba que los Fondos de Recuperación cuentan con un capítulo de transformación digital y destina 410 millones al ámbito de la justicia.

Además, desvelaba queuno de los objetivos fundamentales del Gobierno, con el plan estratégico Justicia 2030, es la instalación de oficinas de justicia que sustituyan los juzgados de paz para que cuenten con medios digitales y que se puedan hacer en ellas diligencias que eviten desplazamientos innecesarios a la sede del partido judicial.

Por otro lado, Candau insistía en la importancia de invertir en ciberseguridad en la Justicia y recordaba el fallo de seguridad ocurrido en 2017 en la plataforma de intercambio de información que usan los órganos judiciales y los abogados, conocida con el nombre de LexNet que puso sobre la mesa una serie de posibles de mejoras en ciberseguridad dentro del Ministerio de Justicia y de la Dirección General de Transformación Digital de Justicia. “Hay muchas amenazas y muchos retos muy exigentes, pero hay instrumentos y voluntad para que se haga segura y de una manera eficiente para los ciudadanos”, advertía.

Del mismo modo, Miguel Ángel de la Pisa, coordinador del Grupo de Trabajo Digitalización de la Justicia la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones, alertaba, en declaraciones recogidas por Ical, de que no se puede considerar justicia solo son los juzgados, sino que también son las redes “y esta está bajo el riesgo de ser atacada por los enemigos que tiene el Estado”.

El alcalde de León, José Antonio Díez, también participaba en esta jornada como anfitrión, y en su intervención de bienvenida aprovechaba para poner la ciudad a disposición de reuniones como estas “porque León es un foco esencial para la tecnología de las comunicaciones y la información”.